Strange fruit. Maison Elsa Triolet - Aragon - Saint Arnoult. 2018. Levalet
Strange fruit. Maison Elsa Triolet – Aragon – Saint Arnoult. 2018. Levalet

Ante la situación actual de cambio en el gobierno en la que se abre la esperanza a un control del Parlamento que no sea inmovilista “Redes por Una Nueva Política Educativa” piden un acuerdo entre los grupos parlamentarios y el Ministerio de Educación, para que se planteen, en un primer momento y de forma urgente para el próximo curso, medidas que eviten el aumento de la segregación y el fracaso escolar, desde sus inicios en las primeras edades, que restituyan la participación y democracia a los centros escolares y acerquen la equidad a nuestro sistema educativo. Para ello hacemos llegar medidas de urgencia que están acordadas por “Redes por Una Nueva Política Educativa”, algunas de ellas desde hace dos años, y sirven para frenar los efectos perversos que la LOMCE está teniendo, así como pérdidas anteriores que consideramos imprescindible rescatar.

A la vez pedimos que se derogue la LOMCE y que se sustituya por una nueva ley apoyada por el acuerdo social y político de la comunidad educativa y toda la ciudadanía que parta del “Documento de Bases para una nueva ley de educación. Acuerdo social y político ” que ha logrado un acuerdo entre la comunidad educativa, las organizaciones sociales, de padres y madres, políticas, sindicales y de estudiantes que forman “Redes por Una Nueva Política Educativa”.

Denunciamos el Pacto Social y Político propuesto por el Partido Popular, que ha sido una maniobra de distracción para seguir aplicando una ley que contaba con el rechazo de toda la oposición y de la comunidad educativa, para que se levante el veto de la mesa del Parlamento a la derogación de la LOMCE y se empiecen a considerar las iniciativas parlamentarias que cuentan con el apoyo mayoritario de la comunidad educativa.


Medidas urgentes que proponen la comunidad educativa y organizaciones sociales y políticas para el curso 2018/2019, junto con la derogación de la LOMCE y la elaboración de una ley a partir del “Documento de Bases para una nueva ley educativa: Acuerdo social político” pactado por Redes por Una Nueva Política Educativa.

Ante la formación de un nuevo gobierno, la comunidad educativa y organizaciones sociales, políticas, de padres y madres y estudiantes exigen un acuerdo que evite el aumento del fracaso escolar y restituya la democracia y la equidad en el sistema educativo desde sus inicios. Se trata de una serie de medidas urgentes para el próximo curso y sobre las que pedimos el compromiso de los partidos políticos para su inmediata puesta en práctica, considerándolas claves en el acuerdo de una nueva ley educativa, cuyas bases deberán establecerse mediante el diálogo y la participación de la comunidad educativa y la consideración del Documentos de Bases realizado a tal fin.

No se trata de un acuerdo definitivo por la educación sino medidas de urgente aplicación para el curso 2018/2019. La reforma de la LOMCE no se puede pactar con unas pocas medidas superficiales cuando la comunidad educativa y la mayoría de fuerzas políticas han pedido su derogación. Una ley que dé estabilidad al sistema educativo necesita participación, debates y consensos que consigan cambiar la inercia que han tenido las últimas leyes educativas.

1. Frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros.

  • Evitar la doble vía en el cuarto curso de la ESO, que impide para muchos estudiantes la posibilidad de cursar bachillerato.
  • Recuperar la diversificación curricular (prolongación del PMAR) en cuarto de la ESO con la posibilidad de titulación.
  • Posibilitar la titulación de quienes sigan o hayan seguido los programas de formación profesional básica.
  • Derecho a la educación de los/as jóvenes con diversidad funcional, aunque hayan cumplido veintiún años, para que no queden fuera del sistema educativo.
  • Eliminar las Evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings.
  • Supresión de las subidas de tasas universitarias, realizadas a partir de 2012 y modificación de la política de becas con el aumento de las mismas.
  • Paralización del 3+2 en las universidades.
  • Aumentar con carácter inmediato los recursos humanos y materiales de los equipos de atención temprana, orientación y específicos así como los departamentos de orientación de los Institutos para hacer real la Educación Inclusiva.

2. Restituir la democracia en los centros escolares.

  • Eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras LOMCE y las atribuciones de los equipos directivos que imponen materiales escolares a los claustros.
  • Restituir las competencias de los consejos escolares.

3. Apuesta por la equidad.

  • Prohibir que haya una red de centros infantiles considerada asistencial de segunda y otra educativa de primera, exigiendo que todos los que acojan regularmente a niños y niñas de cero a seis años cumplan unos requisitos mínimos de centros y de currículo fijados en un Real Decreto para todo el Estado.
  • No más recortes en la escuela pública y reversión de los que se han hecho.
  • No a la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada.
  • No más recortes en universidades públicas y reversión de los que se han hecho.
  • Detener la privatización y revertir la gestión indirecta de centros de educación infantil que son de titularidad pública.
  • Paralización de la aplicación del Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.
  • Retirada inmediata de los sistemas de conciertos y convenios de escuelas infantiles y casas de niños a los centros que incumplan las exigencias establecidas.
  • Apoyo a la universalización de la educación infantil pública y gratuita y a la educación compensatoria.
  • Restituir los servicios complementarios de comedores, transportes, etc.
  • Religión fuera del currículum y del horario escolar y como medida urgente que sea considerada no evaluable y sin valor académico. Pedimos que se cumpla el mandato aprobado por mayoría parlamentaria el pasado 21 de febrero de proceder a la Denuncia y Derogación de los Acuerdos con el Vaticano que avalan la inclusión obligada de la Religión confesional en todos los currículos.
  • Pedimos la restitución de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que incluya la equidad y la igualdad de los sexos y que en ningún caso puede impartirse por profesorado de religión o incluir contenidos religiosos.
  • Refuerzo de la coeducación y, para ello, promoción de la enseñanza mixta, evitando los centros y las aulas que segregan al alumnado por razón de sexo. Retirada de conciertos a aquellos centros que practiquen una enseñanza diferenciada a partir de la derogación de la lOMCE.
  • Derogación del RD ley 14/2012 de 20 de abril de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y restituir sus condiciones laborales.
  • Estabilidad laboral e igualdad de derechos laborales del profesorado interino, de educación infantil, de adultos y de educación a distancia y del personal no docente (fisioterapeutas, auxiliares técnicos, educativos, ILSEs, etc.): reconocimiento de su experiencia como criterio preferente, garantizar su estabilidad laboral, y tengan en todo momento las mismas condiciones que sus compañeros/as.

Por otra Política Educativa. Foro de Sevilla.
Junio, 2018
L’étourderie. Levalet

Este Decálogo pretende desarrollar una universidad pública entendida como servicio al bien común y a la sociedad, para contribuir a hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas, con una elevada formación cultural, científica y profesional.

1.- GRATUITA: Establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizando en los de Grado. Garantizar, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas y la equiparación de los precios públicos en los postgrados a los precios vigentes en los grados.

2.- PLANIFICADA PÚBLICAMENTE: Planificación por la Administración de la oferta de plazas universitarias, acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública. No eliminando titulaciones necesarias, aunque haya menor número de alumnado. La creación de universidades privadas debe ser aprobada por la Conferencia General de Política Universitaria, en el marco de la planificación general de la enseñanza universitaria, y evaluarán su continuidad en función del respeto y cumplimiento de los requerimientos establecidos que garanticen una formación equilibrada en Ciencias y Letras y completa de grados y unas infraestructuras dignas.

3.- ACCESO LIBRE: a la Educación Superior sin pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo (“reválidas, EBAU, etc.”). En caso de limitación de acceso, éste se debería basar en la calificación obtenida en los estudios previos, normalizada por los centros educativos públicos.

4.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y GLOBAL: Revisar el sistema de titulaciones, evitando supeditar su planificación a los intereses exclusivos de las empresas privadas, y garantizando también una formación global, polivalente, crítica, laica y científica de los estudiantes, para que en un futuro puedan reorientar su actividad profesional y puedan desarrollar los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora en la construcción de una sociedad más justa y mejor al servicio de toda la sociedad. Formando ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces de intervenir activamente en el mundo y transformarlo. Con tiempos de formación y estudio que permitan compatibilizar estudiar una carrera con trabajar simultáneamente.

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Couper court. Levalet
Couper court. Levalet

José Gimeno Sacristán (*)
Universidad de Valencia.
Miembro del Foro de Sevilla
Acceso al texto completo en pdf

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Analizar realidades y expresar pensamientos sobre el artículo 27 de la Constitución no quiere decir que todo valga y haya que incorporarlo al texto de la misma, lo cual desbordaría el marco en el que podemos movernos. Se trata de corregir este marco, completarlo con otros elementos, remover algunos planteamientos y establecer las líneas generales de un discurso que facilite la consolidación de un relato que sea compartido. A partir de ahí se podrán generar consensos y disponer de una referencia para el desarrollo coherente del proyecto colectivo que es la educación y de la misma Constitución que, a su manera, es también un proyecto de educación.

La Constitución española cumple 40 años. Celebrar esta efeméride es una satisfacción, aunque sólo fuera porque nuestras vidas han transcurrido a la par que el desarrollo de aquélla. Esta coincidencia nos ha permitido vivir los acontecimientos que han tenido y siguen teniendo lugar en torno al desarrollo del texto constitucional.

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Por un nuevo sistema de evaluación y acreditación del profesorado universitario comprensivo, razonable, global, equitativo, coherente y justo

Por otra Política Educativa. Foro de Sevilla
(
https://porotrapoliticaeducativa.org/)
La discipline, 2017. Levalet
La discipline, 2017. Levalet

Consideramos desproporcionadas e irracionales las nuevas condiciones de acreditación (proceso de evaluación externa del currículum) del profesorado universitario, que es solo un requisito previo al concurso público necesario para acceder a cualquier puesto estable en el Universidad.

En el contexto actual de recortes y de desinversión en Educación Superior e I+D, el repentino e injustificado cambio de los criterios de la ANECA (agencia externa que evalúa los méritos del profesorado universitario), hunde las perspectivas de estabilidad y de promoción de buena parte del profesorado universitario que, habiendo cumplido sobradamente con lo que se les exigía para pasar a ser estables, han visto frenada su posibilidad de estabilidad laboral por el estrangulamiento de la Universidad Pública. A la vez que consolida el control ideológico y político de marcado carácter mercantil, presionando todavía más a la comunidad académica en la loca carrera por publicar artículos en índices controlados por dos multinacionales. Y se convierte en un ERE encubierto que precariza aún más la Universidad Pública.

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