MANIFIESTO del ‘Foro de Sevilla’. Adhesiones: Europa Laica, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP), Asamblea Marea Verde Madrid, Red IRES, Federación de Enseñanza de CGT, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Confederación Estatal MRP, Proyecto Roma, Junta de Portavoces de Educación Infantil 0-6, Asociación IncluyE.
El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en defensa de los conciertos educativos, de cara a marcar una línea roja en el futuro pacto educativo que invalida cualquier diálogo y entendimiento posible al exigir que la ciudadanía siga financiando con los recursos comunes el negocio de unos pocos. Se queja en ella de que los gobiernos de buena parte de las comunidades autónomas no autoricen unidades concertadas si existen plazas vacantes en los colegios públicos y que no se renueven los conciertos en la educación no obligatoria, como venían haciendo anteriores gobiernos del PP infringiendo la legislación educativa.
Lo más sorprendente de esta PNL es que equiparan libertad de enseñanza y educación concertada. Como si por el hecho de que una empresa o un grupo monte un negocio educativo, tengamos que pagárselo entre todos. Se han acostumbrado a que les rescatemos sus negocios, sean bancos o autopistas o fraudes como el del proyecto ‘Castor’, y lo asimilan de forma automática al mundo educativo. El Estado debe velar por el bien común y garantizar el derecho a la educación de toda la sociedad con una planificación de centros públicos, con recursos y dotación adecuada y suficiente, que faciliten la mejor educación posible y no puede destinar los recursos comunes a financiar opciones particulares. Quien quiera educación privada que se la pague.
En un primer momento, se subvencionan centros privados a través de los conciertos educativos como complemento a una red pública que no podía cubrir una creciente demanda de plazas escolares, por el fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la ampliación de los años de escolarización obligatoria. Sin embargo, la notable e indiscutible mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que, en el momento actual, el mantenimiento o el crecimiento del número de unidades escolares en centros privados financiados públicamente ya no se puedan justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino por otro tipo de razones ideológicas (Fernández y Muñiz, 2012). Además, en una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar los fondos públicos a financiar opciones particulares privadas.
El objetivo ha sido debatir el documento(ideas fuerza), elaborado con la participación de todas las organizaciones, que debe ser la base para una nueva Ley Educativa garantía del derecho a una educación en igualdad para todos los alumnos y alumnas y que apueste por la escuela pública. No se trata de una Ley más de tantas que se han tenido, sino gestada en un proceso de debate que, por vez primera, trata de iniciarse y consensuarse desde la base, con la participación de diversos colectivos educativos, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos.
Deseamos de forma inmediata la derogación de normas y leyes que respaldan las políticas de recortes y de segregación del alumnado, y crear un proyecto de política educativa estable, que haga frente a la inequidad social y a la grave crisis social, económica y ambiental a la que se dirige nuestra cultura.
El documento consensuado y abierto estará disponible a finales de mayo, y se difundirá entre los colectivos y organizaciones que participan en este proyecto y en una página Web abierta a la ciudadanía en general. Se abrirá un proceso de análisis, discusión y toma de decisiones, que impliquen al máximo de personas, organizaciones y colectivos, con voluntad de transformación y mejora del actual estado de la educación.
En el encuentro se destacaron como principales apuestas:
►La creación de una red única de centros de titularidad y gestión pública que progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre a los centros privados-concertados.
►La universalidad del derecho a la educación mediante una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice el éxito escolar de todo el alumnado. Con una apuesta por la etapa 0-6 y la Formación Profesional.
►La reafirmación de los principios orientadores del sistema educativo: igualdad, diversidad, inclusión, participación, laicidad, coeducación, sostenibilidad, autonomía, cooperación y otros valores democráticos.
► La defensa de un sistema regido por el principio de inclusión en la organización del centro educativo y en el currículo, donde cada alumno y alumna tenga el apoyo necesario y en el momento en que lo necesite.
►La Laicidad del sistema educativo, lo cual supone sacar la religión en sus formas confesionales, del currículo y del ámbito escolar. También excluir la introducción de “sesgos ideológicos” particulares y de “adoctrinamiento” de cualquier otra naturaleza.
►Un currículo inclusivoque reconozca la diversidad individual, cultural y sexual, la igualdad entre los sexos y la crisis ecológica.
►Disponer de un profesorado comprometido y reconocido que actúen como verdaderos educadores/as y no sólo como enseñantes, formados en contenidos que sobrepasan los conocimientos específicos de las asignaturas y potenciando la cultura de la investigación e innovación educativa.
►Reformar la formación del profesorado en coherencia con el modelo educativo propuesto y en el contexto de experiencias prácticas donde cobre sentido y funcionalidad la formación para integrar los conocimientos de la materia, con el conocimiento vinculado a la enseñanza y los conocimientos prácticos.
►La formación permanente como derecho y obligación del profesorado en constante actualización.
►Garantizar la estabilidad de las plantillas docentes, su autonomía y la igualdad de condiciones laborales para poder construir con la comunidad educativa proyectos en equipo que favorezcan el desarrollo de centros participativos, democráticos y abiertos al entorno.
►Una dirección representativa, colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el tiempo en el desempeño del cargo.
►Hacer una nueva ley de participación educativa que garantice la implicación real de la comunidad, abierta a las organizaciones sociales de los barrios, a colectivos educativos y sociales y asociaciones de padres y madres y estudiantes, así como a la colaboración entre políticas sociales y educativas que favorezcan la equidad y la cohesión social.
►Reclamar una política presupuestaria para educación que nos devuelva de inmediato, al menos, a la situación previa a la crisis y que se haga explícito el compromiso para estabilizar un aumento progresivo del gasto en educación hasta el 7% del PIB. Crear un fondo de compensación educativa para paliar desigualdades entre territorios.
►Utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos educativos.
►Prescindir de la aplicación de pruebas externas que promuevan la homogeneización del aprendizaje y la confección de ‘rankings’, la jerarquización de los centros educativos y la segregacióndel alumnado.
► Dar voz a todos los agentes de la comunidad educativa en un proceso de evaluación democrática, entendiendo a ésta como no burocrática, informada, participada e implicada, en general, por toda la comunidad educativa.
ORGANIZACIONES sociales, sindicales y políticas que han contribuido a la elaboración del documento debatido en el“Encuentro social de debate por una nueva Ley Educativa”
Movimientos Sociales
Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Colectivo Lorenzo Luzuriaga, Foro de Sevilla, Junta de Portavoces de educación infantil, Proyecto Roma y Stop Ley Wert / La educación que nos une que incluye: Attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Europa Laica, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES (Investigación y Renovación Escolar), Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública, Proyecto Atlántida.
Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Círculo Podemos Educación Madrid.
En lo que se refiere a las Cuestiones de Procedimiento de Revisión, Difusión y Debate ciudadano, se establecen una serie de CONCLUSIONES Y ACUERDOS, que pueden consultarse entrando en el siguiente enlace: Conclusiones y acuerdos.
