Analizar realidades y expresar pensamientos sobre el artículo 27 de la Constitución no quiere decir que todo valga y haya que incorporarlo al texto de la misma, lo cual desbordaría el marco en el que podemos movernos. Se trata de corregir este marco, completarlo con otros elementos, remover algunos planteamientos y establecer las líneas generales de un discurso que facilite la consolidación de un relato que sea compartido. A partir de ahí se podrán generar consensos y disponer de una referencia para el desarrollo coherente del proyecto colectivo que es la educación y de la misma Constitución que, a su manera, es también un proyecto de educación.
La Constitución española cumple 40 años. Celebrar esta efeméride es una satisfacción, aunque sólo fuera porque nuestras vidas han transcurrido a la par que el desarrollo de aquélla. Esta coincidencia nos ha permitido vivir los acontecimientos que han tenido y siguen teniendo lugar en torno al desarrollo del texto constitucional.
Para quienes hemos podido reflexionar sobre esta experiencia tenemos la seguridad de haber formado parte viva de la historia reciente; y con sinceridad podemos afirmar que la Constitución de 1978 marcó un antes y un después en nuestras vidas. Supuso abrir cauces para facilitar avances sociales y espacios para vivir en libertad, dotarse de procedimientos democráticos para resolver problemas y dar pasos hacia la modernización en general del país y, particularmente, del aparato educativo que necesitamos.
Podemos dar fe de lo que ha ocurrido en un tiempo lleno de expectativas, de esperanza y también de decepciones ante la etapa histórica que se iniciaba con la aprobación de la Constitución de 1978. Desde entonces hasta hoy hemos mejorado en las condiciones materiales de vida (algunos muchísimo más que otros), se han extendido derechos, se ha aumentado la edad tope de la obligatoriedad de la enseñanza; comenzaron a expandirse más y mejores comunicaciones, la vida cotidiana se podía vivir con la tranquilidad que daba tener empleo duradero.
¿Conviene reformar el art. 27 en la línea de nuestras reivindicaciones, o lo que queremos enmendar está en las leyes que lo desarrollaron? ¿Le interesa a la derecha participar en un proceso en el que se tendrían que revisarse privilegios adquiridos? No creemos que estén los conservadores dispuestos a poner en discusión sus conveniencias. Es explicable que la derecha no quiera afrontar abiertamente la reforma del art. 27 y no obligarse a negociar el terreno que tiene ya ganado. Desde la izquierda se confía en que la reforma del mencionado artículo permita avanzar en una mejor financiación, en que se adopten políticas compensatorias para luchar contra las viejas y nuevas brechas de las desigualdades, la reclamación de la laicidad, la prioridad del sistema público…
Consideramos desproporcionadas e irracionales las nuevas condiciones de acreditación (proceso de evaluación externa del currículum) del profesorado universitario, que es solo un requisito previo al concurso público necesario para acceder a cualquier puesto estable en el Universidad.
En el contexto actual de recortes y de desinversión en Educación Superior e I+D, el repentino e injustificado cambio de los criterios de la ANECA (agencia externa que evalúa los méritos del profesorado universitario), hunde las perspectivas de estabilidad y de promoción de buena parte del profesorado universitario que, habiendo cumplido sobradamente con lo que se les exigía para pasar a ser estables, han visto frenada su posibilidad de estabilidad laboral por el estrangulamiento de la Universidad Pública. A la vez que consolida el control ideológico y político de marcado carácter mercantil, presionando todavía más a la comunidad académica en la loca carrera por publicar artículos en índices controlados por dos multinacionales. Y se convierte en un ERE encubierto que precariza aún más la Universidad Pública.
MANIFIESTO del ‘Foro de Sevilla’. Adhesiones: Europa Laica, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP), Asamblea Marea Verde Madrid, Red IRES, Federación de Enseñanza de CGT, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Confederación Estatal MRP, Proyecto Roma, Junta de Portavoces de Educación Infantil 0-6, Asociación IncluyE.
El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en defensa de los conciertos educativos, de cara a marcar una línea roja en el futuro pacto educativo que invalida cualquier diálogo y entendimiento posible al exigir que la ciudadanía siga financiando con los recursos comunes el negocio de unos pocos. Se queja en ella de que los gobiernos de buena parte de las comunidades autónomas no autoricen unidades concertadas si existen plazas vacantes en los colegios públicos y que no se renueven los conciertos en la educación no obligatoria, como venían haciendo anteriores gobiernos del PP infringiendo la legislación educativa.
Lo más sorprendente de esta PNL es que equiparan libertad de enseñanza y educación concertada. Como si por el hecho de que una empresa o un grupo monte un negocio educativo, tengamos que pagárselo entre todos. Se han acostumbrado a que les rescatemos sus negocios, sean bancos o autopistas o fraudes como el del proyecto ‘Castor’, y lo asimilan de forma automática al mundo educativo. El Estado debe velar por el bien común y garantizar el derecho a la educación de toda la sociedad con una planificación de centros públicos, con recursos y dotación adecuada y suficiente, que faciliten la mejor educación posible y no puede destinar los recursos comunes a financiar opciones particulares. Quien quiera educación privada que se la pague. Seguir leyendo…
El objetivo ha sido debatir el documento(ideas fuerza), elaborado con la participación de todas las organizaciones, que debe ser la base para una nueva Ley Educativa garantía del derecho a una educación en igualdad para todos los alumnos y alumnas y que apueste por la escuela pública. No se trata de una Ley más de tantas que se han tenido, sino gestada en un proceso de debate que, por vez primera, trata de iniciarse y consensuarse desde la base, con la participación de diversos colectivos educativos, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos.
Deseamos de forma inmediata la derogación de normas y leyes que respaldan las políticas de recortes y de segregación del alumnado, y crear un proyecto de política educativa estable, que haga frente a la inequidad social y a la grave crisis social, económica y ambiental a la que se dirige nuestra cultura.
El documento consensuado y abierto estará disponible a finales de mayo, y se difundirá entre los colectivos y organizaciones que participan en este proyecto y en una página Web abierta a la ciudadanía en general. Se abrirá un proceso de análisis, discusión y toma de decisiones, que impliquen al máximo de personas, organizaciones y colectivos, con voluntad de transformación y mejora del actual estado de la educación.
En el encuentro se destacaron como principales apuestas:
►La creación de una red única de centros de titularidad y gestión pública que progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre a los centros privados-concertados.
►La universalidad del derecho a la educación mediante una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice el éxito escolar de todo el alumnado. Con una apuesta por la etapa 0-6 y la Formación Profesional.
►La reafirmación de los principios orientadores del sistema educativo: igualdad, diversidad, inclusión, participación, laicidad, coeducación, sostenibilidad, autonomía, cooperación y otros valores democráticos.
► La defensa de un sistema regido por el principio de inclusión en la organización del centro educativo y en el currículo, donde cada alumno y alumna tenga el apoyo necesario y en el momento en que lo necesite.
►La Laicidad del sistema educativo, lo cual supone sacar la religión en sus formas confesionales, del currículo y del ámbito escolar. También excluir la introducción de “sesgos ideológicos” particulares y de “adoctrinamiento” de cualquier otra naturaleza.
►Un currículo inclusivoque reconozca la diversidad individual, cultural y sexual, la igualdad entre los sexos y la crisis ecológica.
►Disponer de un profesorado comprometido y reconocido que actúen como verdaderos educadores/as y no sólo como enseñantes, formados en contenidos que sobrepasan los conocimientos específicos de las asignaturas y potenciando la cultura de la investigación e innovación educativa.
►Reformar la formación del profesorado en coherencia con el modelo educativo propuesto y en el contexto de experiencias prácticas donde cobre sentido y funcionalidad la formación para integrar los conocimientos de la materia, con el conocimiento vinculado a la enseñanza y los conocimientos prácticos.
►La formación permanente como derecho y obligación del profesorado en constante actualización.
►Garantizar la estabilidad de las plantillas docentes, su autonomía y la igualdad de condiciones laborales para poder construir con la comunidad educativa proyectos en equipo que favorezcan el desarrollo de centros participativos, democráticos y abiertos al entorno.
►Una dirección representativa, colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el tiempo en el desempeño del cargo.
►Hacer una nueva ley de participación educativa que garantice la implicación real de la comunidad, abierta a las organizaciones sociales de los barrios, a colectivos educativos y sociales y asociaciones de padres y madres y estudiantes, así como a la colaboración entre políticas sociales y educativas que favorezcan la equidad y la cohesión social.
►Reclamar una política presupuestaria para educación que nos devuelva de inmediato, al menos, a la situación previa a la crisis y que se haga explícito el compromiso para estabilizar un aumento progresivo del gasto en educación hasta el 7% del PIB. Crear un fondo de compensación educativa para paliar desigualdades entre territorios.
►Utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos educativos.
►Prescindir de la aplicación de pruebas externas que promuevan la homogeneización del aprendizaje y la confección de ‘rankings’, la jerarquización de los centros educativos y la segregacióndel alumnado.
► Dar voz a todos los agentes de la comunidad educativa en un proceso de evaluación democrática, entendiendo a ésta como no burocrática, informada, participada e implicada, en general, por toda la comunidad educativa.
ORGANIZACIONES sociales, sindicales y políticas que han contribuido a la elaboración del documento debatido en el“Encuentro social de debate por una nueva Ley Educativa”
Movimientos Sociales
Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Colectivo Lorenzo Luzuriaga, Foro de Sevilla, Junta de Portavoces de educación infantil, Proyecto Roma y Stop Ley Wert / La educación que nos une que incluye: Attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Europa Laica, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES (Investigación y Renovación Escolar), Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública, Proyecto Atlántida.
Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Círculo Podemos Educación Madrid.
En lo que se refiere a las Cuestiones de Procedimiento de Revisión, Difusión y Debate ciudadano, se establecen una serie de CONCLUSIONES Y ACUERDOS, que pueden consultarse entrando en el siguiente enlace: Conclusiones y acuerdos.
