LEVALET. Culture. La réserve Malakoff - Exposition le grand 8 - 2016
LEVALET. Culture. La réserve Malakoff – Exposition le grand 8 – 2016

Las condiciones laborales en las que el profesorado universitario en España viene desarrollando su labor no han dejado de deteriorarse progresivamente desde hace años. Según el informe bianual 2014-2015 de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), sobre la situación del sistema universitario español, titulado “La Universidad Española en cifras”, la financiación pública de las universidades ha supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros, lo cual ha tenido una incidencia sustantiva en el normal desarrollo de la actividad universitaria; el recorte en los gastos de personal ha supuesto, como asegura el Informe, una disminución de 7.500 empleos públicos (3.486 de personal docente e investigador y 4.068 de personal de administración y servicios), volviendo a plantillas universitarias de profesorado similar al que había a finales del año 2006; y los recortes en la financiación para la investigación han sido significativos desde el año 2008 con una media del 24,6%, a pesar de lo cual la producción científica de las universidades presenta unos resultados muy relevantes, ampliando la producción científica en un 54%, en relación con el peso económico de nuestro país y el gasto en I+D+i que realiza.

Sumidos en este panorama de recortes en la Educación Superior y en la Investigación universitaria, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), organismo público encargado de acreditar al profesorado universitario en nuestro país para acceder a los puestos de Profesor Titular (TU) y Catedrático de Universidad (CU), publicaba en el BOE de 17 de junio de 2015 el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes funcionarios universitarios. A partir del 31 de diciembre de 2015 dejó de admitir solicitudes de acreditación el bajo el programa ACADEMIA, debido al cambio de sistema y criterios que introdujo el RD 415/2015. Dado que el 31 de diciembre de 2015 finalizó el antiguo proceso de acreditación, se pretendía la entrada operativa del nuevo sistema de acreditación a principios de 2016.

El proceso sufrió numerosos retrasos, ya que aunque la nueva aplicación Academia 3.0 se abrió en fecha 30 de junio de 2016, no fue hasta el 14 de noviembre de 2016 cuando, tras diversas reivindicaciones por parte de los sindicatos, asociaciones, redes e instituciones denunciando la paralización de los procesos de acreditación y la falta de publicación de dichos criterios, se publicaron algunos documentos con los criterios de evaluación por cada una de las 21 comisiones especializadas, en que las cinco ramas de conocimiento en que se puede obtener la acreditación se desagregan.

Estos nuevos criterios han generado una ola de rechazo en la comunidad académica, y han creado una enorme indignación entre la mayor parte del profesorado universitario, debido a la falta de claridad en la exposición y redacción de dichos criterios, la increíble dureza e incluso irracionalidad en algunos casos del nivel de exigencia en la mayor parte de campos científicos y por la publicación incompleta de los criterios.

Estos nuevos criterios suponen no solo truncar la carrera académica de buena parte del actual profesorado laboral, y de los jóvenes investigadores, sus posibilidades de promoción o de acceder o progresar en la Universidad, sino que lanza un mensaje al profesorado universitario meridianamente claro: abandonen su labor docente para centrarse en conseguir los durísimos méritos investigadores que les exigimos para optar a la acreditación. Todo ello en un contexto en el cual, cada vez se hace más complicado investigar debido a la falta de fondos por los recortes.

Tal fue el escándalo, que el propio Ministerio tuvo que intervenir para paralizar la aplicación de estos nuevos criterios, ante la oposición de la comunidad universitaria y de sus representantes sindicales. Los sindicatos exigieron la “derogación del Real Decreto 415/2015 y la modificación de tales criterios; debido a que constituyen una exigencia desmedida, irrealista e injusta, tanto para el acceso a plazas estables de funcionario docente como para la promoción profesional de los actuales profesores universitarios”.

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Sean Yoro. Pinturas murales. http://www.hulaaa.com/
Sean Yoro. Pinturas murales. http://www.hulaaa.com/

El Foro de Sevilla ha elaborado un nuevo documento para el debate titulado “Propuestas para un cambio en el sistema universitario español del siglo XXI“. El documento plantea una serie de consideraciones sobre la situación actual de la universidad española y sus funciones en el siglo XXI. De acuerdo con dichas consideraciones proporciona  referencias y líneas de actuación sobre su financiación, gobernanza, formación, acceso e innovación didáctica del profesorado universitario y sobre la evaluación, rendición de cuentas y autonomía de las universidades.

Este documento adquiere valor y sentido con el dialogo ciudadano  

PROPUESTAS PARA UN CAMBIO EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL DEL SIGLO XXI

Grupo de trabajo del Foro de Sevilla:
Juan Bautista Martínez Rodríguez (Universidad de Granada) (coordinador)
Rocío Anguita Martínez (Universidad de Valladolid), Enrique Díez Gutiérrez (Universidad de León), Francisco Imbernón Muñoz (Universidad de Barcelona), Jaume Martínez Bonafé (Universidad de Valencia), Juan de Pablos Pons (Universidad de Sevilla)


1.- Consideraciones sobre la situación actual de la universidad y sus funciones en el siglo XXI

Las políticas implantadas por los gobiernos de los últimos años han impuesto grandes recortes presupuestarios en educación e investigación. La situación actual no sólo es el resultado de una crisis económica especialmente grave, utilizada como excusa para el desmantelamiento del sistema universitario público, también es el de una compleja situación social e institucional que exige una reflexión profunda y nuevas alternativas.
Estas decisiones políticas han supuesto un importante deterioro en las condiciones de trabajo para desarrollar la docencia e investigación y su calidad se ha resentido, tal como indican estadísticas recientes. La gestión política aplicada ha significado el aumento del coste de las matrículas para los estudiantes, la disminución del número de becas atentando contra el principio de equidad; se ha restringido muy significativamente el acceso a los cuerpos docentes en las universidades públicas, se ha reducido el personal docente, incidiendo negativamente en la calidad de la docencia, y se han limitado los programas y convocatorias nacionales y autonómicas de investigación.

 Estas medidas aplicadas en el ámbito universitario han supuesto un evidente deterioro de su capacidad operativa, llevándose a cabo, por parte de las autoridades políticas, una desinversión pública avalada por una ofensiva contra la universidad pública desde las concepciones de un modelo de universidad mercantilista y antidemocrática en su gestión, en el marco de la transnacionalización del mercado universitario. Sin embargo, los estudios internacionales muestran que nuestra educación superior y productividad científica son equiparables a los de los países de la OCDE, a pesar de que la inversión en nuestro país supone unos recursos anuales un 20% inferior. Cabe señalar, además, que las universidades públicas en España acogen al 90% de los estudiantes y son responsables del 97% de la producción investigadora nacional.

 Desde la perspectiva más conservadora, incluso, se pretende valorar el fracaso universitario en el 30%, con la intención de dar una imagen catastrófica y crear alarma social sobre el “gasto” que supone, deslizando de paso una imagen de sospecha sobre el interés o el esfuerzo del alumnado con mayores dificultades. En realidad ese 30% se refiere al cambio de titulaciones del alumnado, ya que sólo el 12% de los estudiantes abandona la universidad sin terminar sus estudios. Para este alumnado se requieren medidas de apoyo, sin embargo, hay que hacer constar que es el 79% del alumnado universitario el que obtiene su título universitario en España en el periodo adecuado, frente a un 70% de la OCDE… Continuar leyendo (pincha aquí)

Este documento adquiere valor y sentido con el dialogo ciudadano