MANIFIESTO del ‘Foro de Sevilla’.
Adhesiones: Europa Laica, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP), Asamblea Marea Verde Madrid, Red IRES, Federación de Enseñanza de CGT, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Confederación Estatal MRP, Proyecto Roma, Junta de Portavoces de Educación Infantil 0-6, Asociación IncluyE.
El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en defensa de los conciertos educativos, de cara a marcar una línea roja en el futuro pacto educativo que invalida cualquier diálogo y entendimiento posible al exigir que la ciudadanía siga financiando con los recursos comunes el negocio de unos pocos. Se queja en ella de que los gobiernos de buena parte de las comunidades autónomas no autoricen unidades concertadas si existen plazas vacantes en los colegios públicos y que no se renueven los conciertos en la educación no obligatoria, como venían haciendo anteriores gobiernos del PP infringiendo la legislación educativa.
Lo más sorprendente de esta PNL es que equiparan libertad de enseñanza y educación concertada. Como si por el hecho de que una empresa o un grupo monte un negocio educativo, tengamos que pagárselo entre todos. Se han acostumbrado a que les rescatemos sus negocios, sean bancos o autopistas o fraudes como el del proyecto ‘Castor’, y lo asimilan de forma automática al mundo educativo. El Estado debe velar por el bien común y garantizar el derecho a la educación de toda la sociedad con una planificación de centros públicos, con recursos y dotación adecuada y suficiente, que faciliten la mejor educación posible y no puede destinar los recursos comunes a financiar opciones particulares. Quien quiera educación privada que se la pague.
En un primer momento, se subvencionan centros privados a través de los conciertos educativos como complemento a una red pública que no podía cubrir una creciente demanda de plazas escolares, por el fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la ampliación de los años de escolarización obligatoria. Sin embargo, la notable e indiscutible mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que, en el momento actual, el mantenimiento o el crecimiento del número de unidades escolares en centros privados financiados públicamente ya no se puedan justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino por otro tipo de razones ideológicas (Fernández y Muñiz, 2012). Además, en una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar los fondos públicos a financiar opciones particulares privadas.
