Declaración del Foro de Sevilla sobre la política de sexenios y la evaluación del profesorado universitario

LEVALET. Culture. La réserve Malakoff - Exposition le grand 8 - 2016
LEVALET. Culture. La réserve Malakoff – Exposition le grand 8 – 2016

Las condiciones laborales en las que el profesorado universitario en España viene desarrollando su labor no han dejado de deteriorarse progresivamente desde hace años. Según el informe bianual 2014-2015 de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), sobre la situación del sistema universitario español, titulado “La Universidad Española en cifras”, la financiación pública de las universidades ha supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros, lo cual ha tenido una incidencia sustantiva en el normal desarrollo de la actividad universitaria; el recorte en los gastos de personal ha supuesto, como asegura el Informe, una disminución de 7.500 empleos públicos (3.486 de personal docente e investigador y 4.068 de personal de administración y servicios), volviendo a plantillas universitarias de profesorado similar al que había a finales del año 2006; y los recortes en la financiación para la investigación han sido significativos desde el año 2008 con una media del 24,6%, a pesar de lo cual la producción científica de las universidades presenta unos resultados muy relevantes, ampliando la producción científica en un 54%, en relación con el peso económico de nuestro país y el gasto en I+D+i que realiza.

Sumidos en este panorama de recortes en la Educación Superior y en la Investigación universitaria, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), organismo público encargado de acreditar al profesorado universitario en nuestro país para acceder a los puestos de Profesor Titular (TU) y Catedrático de Universidad (CU), publicaba en el BOE de 17 de junio de 2015 el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes funcionarios universitarios. A partir del 31 de diciembre de 2015 dejó de admitir solicitudes de acreditación el bajo el programa ACADEMIA, debido al cambio de sistema y criterios que introdujo el RD 415/2015. Dado que el 31 de diciembre de 2015 finalizó el antiguo proceso de acreditación, se pretendía la entrada operativa del nuevo sistema de acreditación a principios de 2016.

El proceso sufrió numerosos retrasos, ya que aunque la nueva aplicación Academia 3.0 se abrió en fecha 30 de junio de 2016, no fue hasta el 14 de noviembre de 2016 cuando, tras diversas reivindicaciones por parte de los sindicatos, asociaciones, redes e instituciones denunciando la paralización de los procesos de acreditación y la falta de publicación de dichos criterios, se publicaron algunos documentos con los criterios de evaluación por cada una de las 21 comisiones especializadas, en que las cinco ramas de conocimiento en que se puede obtener la acreditación se desagregan.

Estos nuevos criterios han generado una ola de rechazo en la comunidad académica, y han creado una enorme indignación entre la mayor parte del profesorado universitario, debido a la falta de claridad en la exposición y redacción de dichos criterios, la increíble dureza e incluso irracionalidad en algunos casos del nivel de exigencia en la mayor parte de campos científicos y por la publicación incompleta de los criterios.

Estos nuevos criterios suponen no solo truncar la carrera académica de buena parte del actual profesorado laboral, y de los jóvenes investigadores, sus posibilidades de promoción o de acceder o progresar en la Universidad, sino que lanza un mensaje al profesorado universitario meridianamente claro: abandonen su labor docente para centrarse en conseguir los durísimos méritos investigadores que les exigimos para optar a la acreditación. Todo ello en un contexto en el cual, cada vez se hace más complicado investigar debido a la falta de fondos por los recortes.

Tal fue el escándalo, que el propio Ministerio tuvo que intervenir para paralizar la aplicación de estos nuevos criterios, ante la oposición de la comunidad universitaria y de sus representantes sindicales. Los sindicatos exigieron la “derogación del Real Decreto 415/2015 y la modificación de tales criterios; debido a que constituyen una exigencia desmedida, irrealista e injusta, tanto para el acceso a plazas estables de funcionario docente como para la promoción profesional de los actuales profesores universitarios”.

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte anunció en el Congreso el 14 de diciembre de 2016 que propondría a la ANECA la puesta en marcha de un grupo de trabajo para revisar los criterios de acreditación del profesorado y del sistema de acceso a plazas universitarias; el cometido de dicho grupo de trabajo sería, según lo expresado por el Ministro, estudiar, en relación con los criterios de evaluación, “qué propone la Conferencia de Rectores (CRUE), qué proponen los Sindicatos y llegar entre todos a un acuerdo”. Se crearon así comisiones mixtas a tres bandas ANECA-Sindicatos-CRUE para la revisión de los criterios, dado que incluso el propio MECD no había cumplido con su obligación de negociar los criterios y tampoco cumplía su propia normativa RD 415/2015 en cuanto a la transparencia de los nuevos criterios de evaluación.

Desde que el 31 de diciembre de 2015 el anterior sistema de acreditación para acceder a profesorado titular y catedrático de universidad dejó de funcionar ha pasado más de año y medio. Estas comisiones específicas de evaluación de la ANECA parece que siguen trabajando en los nuevos criterios y que después trasladarán sus resultados a las comisiones mixtas ANECA-Sindicatos-CRUE. La intención es que el resultado de todo este proceso negociador se haga público antes del verano para que a continuación las comisiones de áreas puedan comenzar a evaluar.

La consecuencia de todo esto es, que, tras casi año y medio de la supuesta entrada en vigor del nuevo sistema de acreditación, seguimos sin acreditaciones… y se estima que tendrán una demora de 3 o 4 meses, es decir, que la respuesta tardará en llegar entre 9 y 10 meses. El nuevo director de la ANECA, tras la dimisión del anterior, informó en mayo de 2017 que siguen detenidas las evaluaciones de 900 solicitudes pendientes de revisión. Esta situación tiene el agravante de que, de acuerdo a la normativa vigente, la ausencia de respuesta al cabo de 6 meses tiene carácter desestimatorio y no se tiene noticia de que esté en trámite la aprobación de algún tipo de norma o garantía que anule lo dispuesto en el artículo 15.6 del RD 415/2017, según han comunicado los sindicatos. Lo único que ha informado la ANECA el 29 de junio de 2017 es que “en las próximas semanas, se publicará una actualización de los criterios de acreditación para el acceso a cuerpos docentes universitarios y que ANECA dará dos meses de plazo para que los profesores, cuyas solicitudes de acreditación están pendientes de evaluación, puedan solicitar la aplicación a su solicitud de los criterios actualizados. En caso contrario, se aplicarán los criterios de acreditación que han sido objeto de publicación en noviembre de 2016”. Es decir, se les aplicarán los criterios rechazados por toda la comunidad universitaria. Lo cual se aproxima al chantaje más rastrero: si no aceptas lo que te imponemos ahora, te aplicaremos los anteriores que son aún peores.

El problema añadido, que pervierte radicalmente el modelo universitario, es que este sistema vigente de acreditación de la carrera profesional universitaria, sea con unos criterios más racionales o más desmedidos para acreditarse, sigue privilegiando fundamentalmente como sistema de evaluación la valoración de los “méritos” de investigación y además, aquellos que puedan ser cuantificables y “comercializables” en índices de impacto, lo cual devalúa la docencia y convierte la investigación en una carrera competitiva enloquecida por la citación. Sobre todo, a partir del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que establece que la actividad docente ha de graduarse en atención a la “intensidad y excelencia” de la actividad investigadora reconocida, premia por la posesión de determinados tramos de investigación (sexenios) con una reducción de la carga docente y penaliza con un aumento significativo de la docencia. Ha consolidado así un imaginario en el que la docencia parece tener un valor muy inferior, que pasa a considerarse de esta manera casi como carga o “castigo” (con más horas para quien no consigue el sexenio). Sabiendo, además, que no está probado -más bien al contrario- que haya una correlación importante entre productividad de la investigación y eficacia de la docencia.

Este sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria por la ANECA encauza la producción de conocimiento en función de criterios globales de productividad/calidad que tengan valor para el mercado y que se puedan cuantificar y medir. Considera así, como prueba objetivable de la calidad del trabajo de investigación, el llamado factor de impacto, que mide la “visibilidad” una vez publicado en función del número de citas recibidas en otros artículos. Se obvia la naturaleza positiva o negativa de las citas y las características del objeto de estudio y se asume la correspondencia “investigación = publicación” y la tesis de que el factor de impacto (que supuestamente mide visibilidad) define el valor científico y la calidad. Lo cual es importar de forma acrítica y literal un modelo de productividad del mundo empresarial, que es simplificado de forma contraproducente y extrema.

Además, por decisión política del Gobierno, se ha supeditado la evaluación de ese factor de impacto a los datos ofrecidos por dos multinacionales extranjeras (Clarivate, a través de su producto Web of Knowledge, y Elsevier, a través de su producto Scopus). La ANECA da prioridad en los criterios de sus evaluaciones para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios a la publicación de artículos en revistas científicas incluidas en las bases de datos elaboradas por esas dos multinacionales en detrimento de otros formatos y modos de canalizar la carrera profesional. Revistas de acceso privado, en donde se publican resultados de investigaciones pagadas con dinero público, que en buena parte de las ramas de conocimiento apenas nadie lee y cuya importancia social, e incluso académica, tiende a ser entre escasa y nula, exceptuando un número ínfimo que sí puede ser relevante en alguno de los campos científicos.

Este sistema de acreditación está provocando, en definitiva, que la misma función de la universidad pública se distorsione. La producción de conocimiento va perdiendo su dimensión social y de búsqueda del bien común para convertirse en un valor de cambio ligado a las exigencias del mercado. Se olvida por tanto su valor de uso ligado a problemas y necesidades sociales que no siempre son valorados por el mercado.

La comunidad científica se ve así dividida entre la obligación de investigar con el mayor rigor y seriedad posible, sin olvidar la finalidad fundamental de la Educación Superior que es la docencia o rendir cuantitativamente en la “cultura del impacto y de la citación” (media de citas que en un año tienen los artículos) para ser valorado y poder promocionar.

Este “sistema ANECA” obliga a un proceso continuo de competición interna que fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en vez de la cooperación. Se instala así una relación con el conocimiento instrumental, acelerada, regida por el corto plazo. Lo que tiene valor de publicación en el mercado es lo que cuenta, lo inmediatamente comercializable en el mercado de la patente, no la investigación base ni la dimensión crítica de la investigación.

En este contexto la posibilidad de disenso es difícil, pues los docentes e investigadores se ven obligados a cumplir las reglas del juego si quieren aspirar, en un horizonte incierto y competitivo, a mantener su puesto de trabajo.

Sin embargo, la producción de otros espacios de pensamiento y resistencia pasa por generar otras formas de reconocimiento colectivo al trabajo; por no someter la investigación a los circuitos rentables; por intentar construir espacios comunes a pesar de la fragmentación y jerarquización; por no desertar de la docencia y proteger esa finalidad esencial de la Universidad.

Necesitamos una universidad realmente pública y democrática que sea capaz de incorporar otros elementos de valor al trabajo investigador y docente: trabajo compartido, investigación de base y a largo plazo, docencia como valor, honestidad científica, compromiso con la sociedad y las necesidades y sectores más desfavorecidos.

Los países que tienen un enfoque de modelo social y productivo de alto valor son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas. No en vano dicha investigación es la que genera los cimientos para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Son aquellos que valoran también el impacto social y político de la investigación no sólo por el número de citas de las publicaciones realizadas sino por la implicación en la resolución de problemas locales o en el avance del bienestar social, por la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones o porque incluyen orientaciones prácticas para la solución de problemas reales en contextos reales, sean locales o globales.

Por todo ello, consideramos que es necesario generar otro sistema posible y necesario de acreditación del profesorado universitario que suponga una evaluación más justa y que responda a un modelo de ciencia y docencia para el bien común. Por eso apostamos, en el campo de la investigación, por el modelo de ciencia abierta u Open Science, sumándonos a la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y apoyamos la Declaración de Berlín, de manera que se priorice la evaluación de las publicaciones electrónicas de acceso abierto a efectos de carrera académica, a la vez que se mantienen estándares de rigor y práctica científica solvente. Tal y como propone también la Beall’s List of Predatory Publishers, defendemos que se cuente en el terreno de la investigación con mecanismos de control del contenido publicado (revisión por pares); que haya diversidad geográfica entre quienes componen el comité editorial de las revistas, así como entre sus autores y autoras; que se permita explorar el contenido de los textos a los robots de los buscadores de Internet; que no se impida comprobar actos graves como el plagio; y, en definitiva, que el sistema de revisión de los artículos sea transparente y riguroso. Por supuesto, que no impliquen ningún cargo ni tasa para poder publicar.

Esto se puede hacer a través de repositorios de acceso abierto administrados por universidades u organizaciones de investigación son una valiosa infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema de evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente. Hay numerosos ejemplos como Open Scholar que ha coordinado un consorcio para desarrollar un módulo de Revisión Abierta (OPRM) para repositorios institucionales, o las iniciativas como Redalyc, SciELO, Latindex o Dialnet que han intentado en los últimos tiempos corregir sesgos de cobertura regional, de idioma y de disciplina; fomentar el acceso abierto al contenido íntegro de las publicaciones; manejar un conjunto extenso y transparente de criterios científicos de inclusión de publicaciones en la base de datos; y acompañar el acceso a la base de datos con algunas utilidades de análisis o generación de informes.

El acceso abierto, mandato expreso del programa de la Unión Europea Horizonte 2020, no sólo es económicamente factible, sino que proporciona a quienes leen un poder extraordinario para encontrar y utilizar literatura relevante. Asimismo, brinda a los autores y autoras y a sus trabajos una dimensión nueva, con visibilidad, lectores y lectoras e impacto vastos y medibles. Por “acceso abierto” entendemos su disponibilidad gratuita en la Internet pública, para que cualquiera la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como datos para software, o utilizarlos para cualquiera otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de tener acceso a la propia Internet. La única limitación a la reproducción y distribución de los textos publicados no puede ser otra que dar a los autores y autoras control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser apropiadamente acreditados y citados.

Por eso pedimos a la ANECA, al Ministerio de Educación y a la Secretaría General de Universidades, que retiren no solo los nuevos criterios de acreditación, sino este modelo de evaluación de la carrera profesional universitaria y establezcan un proceso de diálogo y negociación con los colectivos afectados para superar el actual sistema de acreditación del profesorado universitario basado en las métricas en función del factor de impacto de las citas en JCR y similares, que miden el continente más que el contenido, para ahorrar al Estado una ingente cantidad de dinero que pagamos a estas multinacionales privadas y para sentar las bases de cara a que la academia dé a luz un nuevo sistema de evaluación y acreditación comprensivo, razonable, global, equitativo, coherente y justo.