La defensa de una escuela democrática al servicio de la sociedad y del interés común sitúa en el centro de la educación al profesorado y a las comunidades educativas, de ahí nuestra preocupación por abrir un debate sobre el profesorado, su formación y el trabajo educativo.
En ningún caso se trata de concretar aspectos específicos sobre el estatuto docente que puedan corresponder a la negociación colectiva, en la que son los sindicatos, representantes legítimos, quienes deben garantizar los derechos del profesorado, como los de cualquier otro trabajador o trabajadora. Pero sí de incluir en el debate el “gran retroceso” que está sufriendo la educación democrática ante los riesgos de la globalización y del nuevo liberalismo que están incidiendo en mecanismos que desvirtúan la autonomía y profesionalidad del docente. A partir del contexto educativo actual y de la crisis educativa “silenciosa” que estamos viviendo, es necesario volver a poner de relieve el modelo de profesional docente ligado a un trabajo autónomo, reflexivo y comprometido, lejos de la figura de un aplicador de estándares y normas, sujeto a perfiles profesionales que no corresponden con el trabajo educativo.