Jaume Martínez Bonafé (Universidad de Valencia), Enrique Javier Díez Gutiérrez (Universidad de León), Julio Rogero Anaya (Movimientos de Renovación Pedagógica), Rocío Anguita Martínez (Universidad de Valladolid), Nacho Rivas Flores (Universidad de Málaga).
Miembros del Foro de Sevilla.

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“La política no puede ser sino política pública, es decir, aquella discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía. Por eso, el primer reto de cualquier Proyecto de Ley para la educación es oponerse a una concepción restrictiva y manipuladora de la misma y proponerlo como punto de partida de una actividad colectiva, lúcida y consciente, dirigida al análisis y cuestionamiento crítico del actual estado de la educación”. (Primer párrafo del ‘Documento de Bases para una nueva Ley de Educación‘).

Las perspectivas políticas que parecían abrirse hace algo más de un año se han cerrado, en parte, con cierta consolidación de la situación anterior, en cuanto que siguen gobernando los responsables de la última ley de educación fuertemente contestada por la comunidad educativa.

La novedad es que ahora lo hacen en minoría, teniendo que negociar con otros partidos afines que les den apoyo en sus políticas. En esta situación, quienes antes aplicaban el rodillo de la mayoría parlamentaria ahora reconocen la necesidad de un pacto más amplio que, haciendo algunas pequeñas concesiones, incorpore a los más partidos posibles para consolidar sus políticas, modificando las cosas lo menos posible.

Nuestra preocupación sobre esta cuestión nos llevó a un proceso reflexivo y debatir los puntos que a continuación presentamos.

1.-Democracia y participación.

Democracia y participación son conceptos políticamente inseparables. Cualquier proyecto educativo surgido de instituciones que forman parte del andamiaje democrático requiere de procesos de debate y toma de decisiones, regulados y dinamizados por diferentes y plurales agentes, y necesita los espacios organizativos de los que se dota el tejido social. La democracia se enriquece y cualifica cuanto más viva y activa se muestra en ese tejido plural, en el que las palabras y los discursos muestran significados diversos, según las posiciones diversas en el conjunto de la vida social. Si las palabras se gastan y pierden su sentido radical, si todos y todas, personas o estructuras, parece que digamos lo mismo, es muy difícil discernir sobre lo que cada cual quiere hacer, sobre lo que nos incluye, y sobre los que nos distingue o diferencia. Y precisamente una característica de la vitalidad democrática es la construcción social de la inclusión, desde enfoques diversos, sobre la democracia y el papel de sus instituciones (Zibechi, R. 2006)

La reducción de la participación y de la capacidad de decisión sobre la política educativa, a las estructuras e instituciones de los partidos políticos en el marco de la democracia formal, empobrece y recorta el sentido original y la fuerza real de la democracia. La evolución de ese modelo en el estado español ha consagrado a los partidos políticos, y al bipartidismo, como expresión de lo posible, dificultando cualquier otra expresión democrática transformadora de ese estatus quo. En ese marco reduccionista del espacio político, el electoralismo actúa como condicionante del lenguaje, los calendarios y las prácticas, favoreciendo la confusión entre el ejercicio de la política real y la política electoral. Los últimos años, sin embargo, vienen mostrando desacuerdos en las calles y plazas sobre ese modelo reduccionista -una de las manifestaciones más potentes y con mayor repercusión fue el 15M- evidenciando la necesidad de ampliar y cualificar los espacios de participación.

Pensar la política como un espacio público común, dialógico y plural, en el que el sujeto en interacción entre iguales expresando sus diferencias construye los caminos ético-políticos hacia el bien común (Arendt, H. 1975), supone enfrentarse a varios peligros. El primero, la institucionalización de las prácticas políticas, que al buscar el consenso en la esfera pública, dejando el disenso para la privada, vacían el significado real de lo político en las relaciones sociales, dejando a la sociedad vaciada/separada de la política. El segundo, la negación de la política como eje de las transformaciones sociales, otorgándole un rol de neutralidad, alimentado por una racionalidad técnica que sitúan la acción política en el terreno de lo instrumental, técnico, experto o de gestión profesional, provocando una forma de repulsa de lo político en el seno de la sociedad. Los imaginarios que se suceden en ese terreno vinculan la política con el engaño, las prebendas o los pactos adulterados e inconsistentes.

Pensar la política como un espacio público común, por tanto, trata de hacer efectiva la incorporación de toda la ciudadanía, organizada o no, a los procesos de diálogo y acuerdo social en todos los aspectos de la vida social que les competen. Sin olvidar que todo el afán del poder establecido es seguir limitando la participación a la democracia electoral para mantener su hegemonía. Sin embargo, se trata de construir un imaginario social que conciba la política más allá de los discursos del profesionalismo político y los expertos, para llevarla de donde nunca debiera haber salido. El desplazamiento de la política del espacio del Estado controlado por una élite, que se ha atribuido la autoridad y el poder, al pueblo donde está la autoridad real, es la democracia participativa.

Para recuperar y rehabilitar la voluntad política de participación mayoritaria de los sectores y clases populares es necesario recuperar espacios públicos comunes, acudiendo a las comunidades, barrios y asociaciones en los que estos sectores viven, se asocian y participan, los cuales constituyen espacios reales desde los que se puede facilitar la participación.

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