Este Decálogo pretende desarrollar una universidad pública entendida como servicio al bien común y a la sociedad, para contribuir a hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas, con una elevada formación cultural, científica y profesional.

Analizar realidades y expresar pensamientos sobre el artículo 27 de la Constitución no quiere decir que todo valga y haya que incorporarlo al texto de la misma, lo cual desbordaría el marco en el que podemos movernos. Se trata de corregir este marco, completarlo con otros elementos, remover algunos planteamientos y establecer las líneas generales de un discurso que facilite la consolidación de un relato que sea compartido. A partir de ahí se podrán generar consensos y disponer de una referencia para el desarrollo coherente del proyecto colectivo que es la educación y de la misma Constitución que, a su manera, es también un proyecto de educación.

El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en defensa de los conciertos educativos, de cara a marcar una línea roja en el futuro pacto educativo que invalida cualquier diálogo y entendimiento posible al exigir que la ciudadanía siga financiando con los recursos comunes el negocio de unos pocos. Se queja en ella de que los gobiernos de buena parte de las comunidades autónomas no autoricen unidades concertadas si existen plazas vacantes en los colegios públicos y que no se renueven los conciertos en la educación no obligatoria, como venían haciendo anteriores gobiernos del PP infringiendo la legislación educativa.

Lo más sorprendente de esta PNL es que equiparan libertad de enseñanza y educación concertada. Como si por el hecho de que una empresa o un grupo monte un negocio educativo, tengamos que pagárselo entre todos. Se han acostumbrado a que les rescatemos sus negocios, sean bancos o autopistas o fraudes como el del proyecto ‘Castor’, y lo asimilan de forma automática al mundo educativo. El Estado debe velar por el bien común y garantizar el derecho a la educación de toda la sociedad con una planificación de centros públicos, con recursos y dotación adecuada y suficiente, que faciliten la mejor educación posible y no puede destinar los recursos comunes a financiar opciones particulares. Quien quiera educación privada que se la pague…

El encuentro social de debate por una nueva Ley Educativa, desarrollados los días 17 y 18 de abril, congregó en Madrid a más de 100 personas, que representaban a Movimientos Sociales, Sindicatos de Estudiantes, Asociaciones de Madres y Padres, Organizaciones Sindicales y Partidos Políticos. Se incorporaron más colectivos a este debate en un proceso que abierto a quienes participan de los principios de igualdad, participación democrática, laicidad, coeducación, sostenibilidad, cooperación y otros valores democráticos de la educación…