Intervención de Carmen Rodríguez (Por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla)
Sala Ernest Lluch (Congreso de los Diputados) 15 de junio de 2018.

En primer lugar quiero agradecer al Grupo parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem, la organización de este acto en el que tenemos la posibilidad de debatir las políticas educativas que necesita nuestro modelo de enseñanza, una vez que la Subcomisión para el Pacto Social y Político nos ha mostrado ser un fraude.

Cuál es la inquietud del Foro de Sevilla: por otra política educativa

El Foro de Sevilla se forma en 2012, por un conjunto de profesores/as y profesionales de diferentes niveles educativos de toda España, ante la inquietud que sentimos por la evolución que estaba tomando la política educativa con los recortes y los primeros borradores de la LOMCE. (La primera reunión se celebra en octubre de 2012.) La primera idea es participar y contribuir al debate educativo, con manifiestos, diagnósticos del sistema educativo y charlas de divulgación. Aprobada la Lomce empezamos a elaborar documentos de propuestas para un nuevo sistema educativo: derecho a la educación, currículum, profesorado, universidad…

En diferentes mesas de debate que compartimos con representantes de la comunidad educativa y organizaciones sociales y políticas fuimos viendo la necesidad de la unión de todos frente a la LOMCE y a las políticas educativas que se estaban desarrollando.

Pero para derogar la LOMCE necesitábamos tener una ley alternativa, sustituirla por una propuesta que debía ser consensuada por la comunidad educativa y las organizaciones políticas, sociales y sindicales. El 24 de octubre de 2014 en un encuentro organizado por el Foro decidimos elaborar un documento de bases para una nueva ley educativa que es apoyado por 24 movimientos sociales (como Mareas por la educación pública, MRPs, Europa Laica, LEQNU), los sindicatos de estudiantes más representativos, CEAPA, las organizaciones sindicales CCOO, STES y CGT y los partidos políticos PSOE, Podemos, IU y Esquerra Republicana de Cataluña. Todos estos colectivos formamos Redes por una Nueva Política Educativa.

Qué esperamos de esta jornada

Que desde el Parlamento la educación y el conocimiento sean un tema clave para cambiar el modelo social y económico.

Es muy oportuna la realización de esta jornada por la situación que hemos sufrido en la educación con el anterior gobierno, con una ley que ha sido impugnada por toda la oposición y la comunidad escolar y un gobierno que puso veto a esta impugnación y siguió poniéndola a todas las propuestas que se han realizado en el Parlamento.

Ejemplo de ello son “las medidas urgentes para frenar la LOMCE” que propusimos a los grupos parlamentarios para el curso 2016/2017 y que se convirtieron en 2 PNLs, una de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem, (registrada el 18 de agosto de 2016) y otra del PSOE (registrada el 8 de agosto de 2016) aprobadas en el Parlamento y que nunca fueron tenidas en cuenta.

Más que oportuna por la situación actual de cambio en el gobierno en la que se abre la esperanza a un control del Parlamento que no sea inmovilista y queremos que se vuelvan a plantear, en un primer momento y de forma urgente, medidas que eviten el aumento de la segregación y el fracaso escolar, que restituyan la democracia a los centros escolares y la equidad en el sistema educativo, a la vez que se deroga la LOMCE y se propone una nueva ley apoyada con el acuerdo social y político de la comunidad educativa y toda la ciudadanía.

No queremos volver a éste falso Pacto “Social y Político”

La verdadera pretensión del gobierno anterior con el Pacto social y Político ha sido, como nos temíamos, una maniobra de distracción mientra seguían aplicando la LOMCE, una ley que es considerada promotora de la desigualdad, la privatización y el conocimiento productivo. Recordemos que la subcomisión de educación inicia sus labores el día 14 de febrero de 2017 y tiene de plazo 6 meses para alcanzar un acuerdo para un proyecto de ley básica sobre educación que sustituya a la LOMCE. Sin embargo las declaraciones del Partido Popular y Ciudadanos hablaran de reformar, no claramente de sustituir, y desvían la atención hacia el estatuto docente. Les preocupa mejorar el acceso, la contratación y la formación del profesorado que, según parece, serían los responsables del fracaso escolar de nuestra escuela y no las leyes educativas y los recortes en educación. Aunque no hablan de profesorado en la LOMCE y por el contrario se han dedicado a acabar con toda la formación permanente en las Comunidades que han gobernado.

Queremos una nueva ley que garantice la justicia social, sujeta a principios de igualdad, laicidad, autonomía, participación democrática.. que salvaguarde el derecho a la educación y a la escuela pública. Desde la transición los pactos han significado cesiones a la derecha y no se ha conseguido un sistema realmente democrático que eduque para formar a  ciudadanos y  ciudadanas  que sean  libres,  creativos y  no  respondan a  las demandas de una educación competitiva y dirigida solo al mercado.

El problema de la educación no es que hayan existido muchas leyes educativas, este es un discurso conservador que intenta que todo siga igual, porque ninguna a hecho los cambios suficientes que requiere un sistema educativo democrático y comprensivo que evite el fracaso escolar. De hecho algunas necesitan serios cambios como la LODE (1985-30 años), porque aunque en su momento defendiera principios básicos de progreso, en su evolución en el tiempo también ha afianzado una doble red de centros que se ha convertido en un factor de segregación en nuestro sistema educativo ( por varias razones: la selección del alumnado, el cobro de cuotas, el mantenimiento de la religión católica como ideario excluyente y la segregación por sexos…)

Sabemos que un pacto no siempre es posible con todas las fuerzas políticas

Somos conscientes que los pactos no son siempre posibles, ni las personas neutras. No se puede pactar cuando las perspectivas ideológicas enfrentan a quienes defienden la igualdad frente a quienes prefieren una determinada excelencia, la libertad frente al dogma, o la laicidad frente a la religión en la escuela. Para que haya pacto tiene que darse la conjunción de una cosmovisión o una ideología afín, o al menos cercana sobre los fines de la educación entendiendo que, aunque pueda resultar simplificador, porque hay dos modelos de escuela posible enfrentados.

Uno que defiende una escuela pública, comprensiva e inclusiva donde la educación es un derecho universal y se trata de conseguir la equidad para todo su alumnado. Acompañada de un modelo de escuela democrática, participativa, y que ha de servir para el fomento de la autonomía y para que se desarrolle el pensamiento con libertad, con conciencia y de una forma crítica.

Y otro que defiende una educación entendida como un servicio, una inversión personal, una mercancía, ante la que nos comportamos como clientes y que, por tanto debe ser liberalizada para competir en el mercado educacional. A costa de ser desigual su oferta, basada en la elección y en conseguir una mayor rentabilidad. Eso supone desarrollar un sistema educativo desigual y también el empeoramiento de las condiciones laborales y docentes del profesorado, porque prima la eficiencia, una menor inversión con un supuesto mayor rendimiento.

Debemos pactar, por tanto, quienes apostamos por el derecho a la educación con un modelo de justicia social.

Creemos que la  LOMCE y  los recortes realizados  en educación no  buscan  una educación justa, sino un sistema educativo que sirva a una economía de mercado y para ello han culpabilizado a la educación y a su profesorado, achacándoles falta de “excelencia y competitividad”, en lugar de responder con las políticas adecuadas a un sistema educativo con altas cifras de abandono escolar (19,97%, INE, 2015). Argumentos que además están respaldados por Organismos internacionales como la OCDE y la Comisión Europea.

La LOMCE supone una amenaza para la escuela pública contra la que existe una oposición declarada por  los colectivos, partidos y organizaciones que defienden una escuela en igualdad. En la educación conservadora que se plantea no es considerada un derecho universal sino una ventaja competitiva, para que personas de las clases medias y altas tengan una mejor escuela y se mantenga la reproducción social. El derecho a la educación se quiebra en cuanto aparece el derecho al privilegio.

El derecho a la educación no se consigue con modelos de gestión que buscan una mayor eficacia comprometiéndose con Europa (actualización del programa de Estabilidad 2017-2020) a reducir la inversión hasta un 3,81% para 2018 y un 3,67% para 2020, y responsabilizando de los resultados al profesorado.

La crisis no se debe a que el profesorado no esté bien preparado sino al modelo competitivo y selectivo que llevan imponiendo hace tiempo. España es uno de los país de Europa con más segregación escolar por nivel socioeconómico, de 2012 a 2015 ha subido en 5 puntos ocupando la antepenúltima posición de los países de Europa en la OCDE y la quinta por la cola de toda la OCDE.

¿Cuáles son nuestras propuestas?

Denunciamos el Pacto Social y Político, pero para que se levante el veto de la mesa del Parlamento a la derogación de la LOMCE y se empiecen a considerar las iniciativas parlamentarias que cuentan con el apoyo mayoritario de la comunidad educativa. Para ello haremos llegar medidas de urgencia que están acordadas por Redes por Una Nueva Política Educativa desde hace dos años y sirven para frenar los efectos perversos que la LOMCE está teniendo. Estas medidas van en tres sentidos:

• Frenar el aumento del fracaso escolar y la expulsión del alumnado: itinerarios, PEMAR, FPB, inclusión, evaluaciones finales, subida de tasas, bajada de becas
• Restituir la democracia en los centros escolares: cambio del modelo de nombramiento de directores/as, devolver las competencias de los Consejos Escolares
• Apuesta por la equidad: revisión de los recortes, no suprimir plazas de la pública, detener la privatización, religión fuera del currículum y horario escolar, restituir las condiciones laborales al profesorado y estabilidad e igualdad para los Paralizar el RD de acreditación nacional del profesorado universitario.

A la vez derogar la LOMCE y dar un periodo de vigencia para elaborar una ley educativa que parta del Documento de Bases que propone defender una escuela que genere individuos libres, creativos y capaces de contribuir al bienestar social.

Uno de los puntos esenciales del documento:

1.- La universalidad del derecho a la educación de 0-18 años que garantice el éxito escolar (pública gratuita y de calidad). Esto significa invertir para bajar la ratio y poder disponer de recursos humanos y materiales que garanticen el derecho del alumnado a recibir una educación Sustituyendo el suspenso y la repetición por mecanismos de flexibilidad de la enseñanza y de atención personalizada desde el principio de la escolarización.
Para ello necesitamos una oferta de puestos escolares suficientes en el sistema público, evitando la desigualdad que se produce con la doble red pública y privada por la clasificación que realiza del alumnado (cultura, sexo, NSE e ideario). La enseñanza concertada debe integrarse paulatinamente en la red pública, porque es la única forma de evitar la desigualdad.

Ya es hora de que cambiemos el discurso (de que no debe temer nada la escuela concertada) y digamos que la escuela pública no debe temer que desaparezcan aulas, ni existan recortes. Su profesorado y las familias pueden estar tranquilas.

2.- El conocimiento y  su  propia  organización debe  ser plural, con  saberes contextualizados, que tengan sentido para el alumnado y sean revisables, sino seguiremos domesticando a nuestro alumnado en una enseñanza reproductiva, memorística, selectiva y meritocrática. (Elemento clave las evaluaciones).Un currículo diversificado, integral, laico y ético que garantice la autonomía de los territorios, de los centros y del profesorado.

*No debe estar regulado minuciosamente por textos legislativos lo que corresponde a la competencia y al desarrollo de la profesión docente. Impide la innovación educativa y la libertad para tomar decisiones sobre el gobierno de los centros.

¿Cuáles serán las mayores dificultades?

Las mayores dificultades no están en la base ideológica sino en llevar a cabo determinadas propuestas concretas, especialmente en el contexto español. La dificultad para compaginar posiciones ideológicas, con posiciones estratégicas y con propuestas que no han sido cuestionadas y debatidas en nuestro contexto y son asumidas aún por una buena parte de la ciudadanía como parte inherente de nuestro sistema educativo. Conciertos, religión…, la evaluación como estructuradora del sistema educativo…, determinar tanto los derechos como las obligaciones del profesorado.

En España partimos de déficits profundos en educación por el retraso democrático, cultural y educativo que supone la dictadura. Donde la escuela fue cedida a la iglesia y sigue siendo omnipresente, sobre todo en la escuela concertada. Con un modelo escolar más reproductivo que comprensivo de educación, cuando sí lo tenían el resto de Europa y un sistema bastante meritocrático favorecido por los centros concertados y la competitividad de nuestra cultura escolar.

*Cambiar los acuerdos preconstitucionales con la Santa Sede, o mantener colegios concertados del Opues Dei que segregan a niñas y niños, parece que es mentar a un monstruo de dos cabezas.

*También será un caballo de batalla el tema de la vuelta a la LOE. La LOE ya adelantaba competencias, evaluaciones y una dirección más profesionalizadora, y no tocó temas fundamentales como el currículum, el profesorado y la autonomía y participación de los centros para profundizar en ella.

Tampoco somos ingenuos y sabemos la diferencia que existe entre las ideas que sustentan un proyecto de ley y la elaboración de la propia ley, donde hay que hacer cesiones, retrasar algunos tiempos de aplicación y adecuarla al espectro de la mayoría del Parlamento.

Para terminar queremos apostar por el diálogo entre fuerzas políticas como vía para transformar la educación. Los partidos políticos deben ser responsables de los compromisos que adquieren. Una ley necesita contar con la comunidad escolar, con las organizaciones y con la ciudadanía porque son las que desarrollan el trabajo en los centros y las comunidades educativas.

Intervención de Carmen Rodriguez (Por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla) en la Jornada ‘Políticas Educativas para después de la LOMCE’. Emitido en directo el 15 jun. 2018. 16.00 – 17.15h Mesa redonda: La LOMCE y otro pacto fallido de educación, ¿y ahora qué?

 

Jornada ‘Políticas Educativas para después de la LOMCE’. (Mañana) 10.00 – 10.15h: Bienvenida y presentación. 10:15 – 11:15h: Retos y oportunidades: la escuela pública y el derecho a la educación. 11.15 – 12.15h: La escuela pública será inclusiva o no será. 12.45 – 14.00h: Políticas educativas de los espacios políticos del cambio.