Reforzar la equidad e igualdad de oportunidades en la educación exige que las instituciones asuman un compromiso colectivo que garantice una financiación sostenida para responder a todas las necesidades de los centros educativos. Para alcanzar este objetivo necesitamos contar con el compromiso de financiación de todas las administraciones públicas.

El gasto total en educación ha descendido en España a partir de 2009, como consecuencia de la política de “recortes” con la que se ha afrontado la crisis económica, pasando de un 5,07% del PIB en este año a un 4,37% en 2014 . Mientras que la mayoría de los países han mantenido sus presupuestos, España es uno de los seis países de la Unión Europea, junto a Grecia, Chipre, Portugal, Hungría y Rumanía donde más cayó el porcentaje del PIB destinado a educación, situándose por debajo del 5% . Tanto más grave en cuanto una parte creciente del gasto educativo se desvía a la financiación de centros privados concertados (más de 6.000 millones de euros) y a la retribución de la enseñanza confesional de las religiones en los centros públicos y concertados (600 millones). Añadiendo a esto la reducción de ingresos por algunas CCAA con la aplicación de desgravaciones fiscales a las familias por un uso privado de los servicios educativos de la educación privada y concertada en cheque escolar, gastos por uniforme, etc. Además de otros gastos en pruebas externas de bilingüismo pagadas a entidades privadas o los gastos en publicidad con las partidas presupuestarias en educación.

 No sólo se quiebra la tendencia al alza que veníamos experimentando en nuestro caso, sino que se abre más la brecha que existía entre nosotros y los países más desarrollados de nuestro entorno. Se ha perdido puestos docentes, baja de forma escandalosa el presupuesto de la educación compensatoria y de los servicios educativos complementarios, y empeoran las condiciones laborales del profesorado: ratios más altas, más horas lectivas… Todo ello repercute, entre otras cosas, en la conflictividad en los centros y en la falta de atención personal al alumnado más vulnerable, que además no tiene acceso a comedores, materiales escolares, escuelas infantiles y becas.

En los presupuestos generales del Estado para 2015, en un escenario supuestamente de recuperación económica, las partidas para escolarización infantil de 0 a 3 años bajan, con un recorte del 75% desde el año 2010. En estas edades solo un 36% de niñas y niños están escolarizadas. Sigue la fuerte reducción del Programa de Compensatoria, hasta un 90%, con la consiguiente pérdida de equidad.

Las universidades han perdido 45.000 alumnos y alumnas como consecuencia del aumento de las tasas, un 22% de 2010 a 2013. Las becas han disminuido en 210 millones desde 2011-2012, aunque ahora sea mayor el número de beneficiados. El presupuesto para I+D+I en 2015 consolida las pérdidas de años anteriores, al aumentar solo un 4,24%. Con estas tasas de crecimiento se necesitarían muchos años para recuperar los niveles de 2009. Si nos fijamos en los programas de los Presupuestos Generales del Estado, solo el “Apoyo a la innovación tecnológica en el Sector Defensa” recibe un aumento notorio (+220 millones), mientras que para los demás programas los cambios son mínimos .

 En España, el gasto en la educación pública se ha reducido, mientras que se han incrementado los recursos económicos para los conciertos privados. De hecho desde el año 2000 a 2009 habían aumentado el doble (MEC, 2014) y desde 2010 sigue el aumento pasando del 0,8% al 1%del PIB. Si bien, una vez más, la situación es muy diferente entre las Comunidades Autónomas. En el primer ciclo de la educación infantil se han incorporado contribuciones económicas de las familias para pagar la plaza a sus hijos e hijas con precios que exceden, en muchas comunidades, al establecido por las escuelas privadas que, además, reciben un cheque escolar al que la pública no tiene derecho. Esto ha provocado que muchas familias hayan sacado a sus hijos e hijas de la escuela pública para llevarlos a la privada.

Esto no es sólo consecuencia de la crisis, sino de un modelo de gestión inspirado en la organización y gestión empresarial. El principio fundamental por el que se rigen es “más por menos”, los modelos tecnocráticos demandan más eficacia con una menor inversión. Este es el modelo que propugna la LOMCE, con el control del profesorado y la segregación del alumnado a través de evaluaciones, donde la educación está sujeta al coste-beneficio, no se considera un derecho de la ciudadanía.

Una financiación que garantice la calidad del sistema educativo debe estar no en torno a la media europea, sino en la media de los países que tienen mejores resultados en educación, alcanzando el 7% del PIB. Una escuela pública que garantice una formación óptima para todo el alumnado y un profesorado con estabilidad, autonomía, recursos y apoyos exige esta inversión.

El reconocimiento de las competencias y políticas educativas de las CCAA no excluye, sino que, antes al contrario, hacen necesarias las políticas compartidas que garanticen el equilibrio, la estabilidad, la cooperación y la coherencia del sistema a través de un marco común, lo que solo es posible mediante el consenso, dentro del cual poder desarrollar sus competencias y responsabilidades políticas.

 Concreciones y propuestas (↑subir )

• Hay que reclamar una política presupuestaria para educación que nos devuelva de inmediato, al menos, a la situación previa a la crisis y que se haga explícito el compromiso para estabilizar un aumento progresivo del gasto en educación en un 7% del PIB.
• Para que este nivel de inversión quede asegurado ante los cambios de signo político de los gobiernos debería quedar recogido como suelo del gasto en educación en una futura Constitución.
• Las desigualdades entre territorios requerirán acciones de compensación y distribución más justa (se pueden encontrar diferencias entre comunidades en algunos indicadores que llegan hasta un 20%). Para ello se creará un Fondo de Compensación Educativa para financiar actuaciones que aseguren la equidad en el ejercicio del derecho a la educación desde la Educación Infantil a la Enseñanza Superior en todo el territorio.
• La gratuidad de la enseñanza básica incluirá la dotación a los centros públicos de libros, recursos y materiales didácticos que utilice el alumnado y el profesorado y el transporte escolar. Así como ayudas, en su caso, de los servicios de comedor.
• Además tendría que asegurarse que en las distintas CCAA hubiese una ejecución presupuestaria de los recursos asignados a educación.