Comisión Permanente del Colectivo ‘Por  otra política educativa. Foro de Sevilla’..

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Vivimos en tiempos de incertidumbre y de auge político neoconservador y autoritario, donde algunos pretenden normalizar la pretensión de la derecha y la extrema derecha de sepultar la educación pública y el conjunto del estado social de derecho. Generar alternativas radicales, críticas y comprometidas con el bien común, así como recuperar referentes esenciales pedagógicos, se hace cada vez más necesario y urgente. Esta es la pretensión de este documento sobre una nueva Política Educativa Crítica, Pública, Laica, Inclusiva, Democrática y del Bien Común que planteamos.

Nuestro colectivo viene desarrollando una labor decidida para crear opinión fundamentada y proponer políticas educativas basadas no solo en la investigación sino también en los valores de la justicia social, la igualdad y la equidad, la inclusión educativa y social y la emancipación. Para ello, desde hace años, ha concitado el interés y el apoyo de diversos grupos, sectores, colectivos y personas, que han aportado su reflexión, opiniones, publicaciones, propuestas y conocimientos, creando un conocimiento  documentado que hemos difundido y trasladado a la comunidad educativa, social y a los responsables de las políticas educativas en nuestra democracia.

En primer lugar, necesitamos construir y difundir un relato sobre la experiencia de éxito que en nuestro país ha significado la institución de la escuela pública, de titularidad y gestión pública y democrática. Ha sido el mejor proyecto social, el de más éxito en la construcción de un modelo de convivencia justa, en derechos, de progreso cultural y de cohesión social experimentado tras la dictadura franquista. Aunque es susceptible de muchas mejoras, esto no resta mérito a su consideración como ejemplo de éxito colectivo y decisión política, en contraposición a la narrativa de fracaso promovida por las corrientes neoliberales y conservadoras. Presentar la escuela pública como un proyecto supuestamente disfuncional, obsoleto o anacrónico es una estrategia para justificar su reemplazo por un modelo radicalmente neoliberal privatizado y como nuevo nicho de mercado y beneficios empresariales, como ya se anuncia también en nuestro país. Por eso es crucial que nuestro análisis, discursos y propuestas no solo recojan la historia de éxito del proyecto de escuela pública, como única garante del derecho a la educación sin exclusión, sino que parta de esta condición sustancial para ofrecer propuestas para su mejora, desde una perspectiva optimista y claramente esperanzadora, destacando su papel en nuestro progreso social y político, en lugar de aceptar pasivamente los relatos neoliberales interesados sobre su supuesto deterioro, bajada de nivel o inadaptación a los nuevos tiempos. 

En segundo lugar, recordar el mantra de moda actual: “se necesita a toda la tribu para educar a uno solo de sus miembros”. Es decir, la educación de la sociedad y de las futuras generaciones no depende solo de la escuela pública, sino de toda la sociedad. La política educativa tiene que tener el respaldo de políticas sociales públicas que la acompañen, apoyen y sean coherentes con ella. Esta dinámica se observa especialmente en países que ofrecen sistemas educativos públicos gratuitos y accesibles para toda la población sin exclusión, acompañados por sistemas públicos de apoyo en los cuidados, la conciliación laboral y familiar, la prevención, la sanidad, etc. Es ampliamente reconocida la conexión entre salud, esperanza de vida y variables socioeconómicas: generalmente a mayor nivel socioeconómico, mejor salud y mayores expectativas de vida. En este vínculo, el nivel educativo emerge como un elemento crucial de construcción y consolidación de sociedades más sanas, cohesionadas, justas, solidarias y con capacidad de pensar y poner en práctica el bien común. 

De ahí, se deduce nuestra concepción de la Política Educativa como un espacio público del común, que necesita de la incorporación de la ciudadanía, organizada o no, en procesos de diálogo y acuerdo social para la construcción colectiva de un proyecto político compartido de una educación comprometida con el bien común. Queremos contribuir a la conformación de un imaginario social que conciba la política educativa más allá de los discursos del profesionalismo político y de ciertos expertos y expertas interesados más en sí mismos y en su experiencia particular que no en la mejora de la educación.

Más allá del Informe PISA de la OCDE, (un organismo económico orientado a la productividad, que no está interesado en abordar áreas de educación crítica, la historia social y de clase, las artes y la música o la educación física y las habilidades sociales), los retos educativos que pone en evidencia esta época son inaplazables y requieren decisivas transformaciones pedagógicas en el marco de una nueva Política Educativa. Aquella capaz de transformar el pensar y el quehacer educativo, comprometiendo todos los aspectos de la vida escolar; desde las instituciones educativas, al currículum, la evaluación, la formación de docentes y los modelos organizativos y de gestión. 

Este documento trata de ir más allá de la coyuntura del presentismo, para plantear las urgencias de futuro necesarias. Para continuar alzando el vuelo del debate, de las alternativas y para pensar otra Política Educativa que abra caminos hacia la esperanza, hacia la realidad, pero también hacia la utopía, siempre necesaria en el campo educativo. Por tanto, nuestra propuesta pretende dar forma a un proceso de discusión, debate y toma de decisiones democráticos, tal y como hemos venido defendiendo y construyendo colectivamente desde hace tiempo, donde participen activamente la ciudadanía y los diferentes agentes sociales y educativos implicados. Sólo promoviendo un proceso de pedagogía política horizontal y participada podremos romper las perspectivas más tecnocráticas a favor de una toma de decisiones sobre el sistema educativo que trabaje en pro de las mayorías sociales desde una perspectiva transformadora y del bien común.

Sin pretender adivinar el futuro podemos esbozar y proponer alternativas sobre las claves de la Política educativa en la próxima década, y con ello poner en evidencia qué preocupaciones y problemas habrá de afrontar el sistema público de educación para avanzar hacia una educación pública y laica más democrática, igualitaria, solidaria e inclusiva. Apuntamos algunos posibles horizontes temáticos en torno a los cuales deberíamos ir pensando, reflexionando y proponiendo alternativas.

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Una nueva Política Educativa que proponga discursos alternativos ante las propuestas neoconservadoras que están orientando las políticas educativas actuales

Necesitamos una nueva Política Educativa Crítica que sea capaz de cuestionar, analizar y reflexionar desde diferentes perspectivas y enfoques la realidad que vive la comunidad educativa y social, que contribuya al desarrollo del pensamiento crítico y la democracia participativa, frente a una política educativa que asegura ser “neutral y apolítica” porque simplemente reproduce y enseña a reproducir “lo que hay”: el actual modelo capitalista que ahonda la desigualdad y la destrucción del planeta. 

Una nueva Política Educativa Crítica que sea capaz de soñar una escuela, una educación y una sociedad más allá de la pedagogía del egoísmo que alienta el capitalismo, el neoliberalismo y el actual neofascismo. Que impulse la educación pública hacia un modelo de sociedad donde la justicia social, la equidad, la solidaridad, la inclusión de toda la diversidad y el bien común sean los principios que garanticen un mundo más justo y mejor para las actuales y futuras generaciones. Es decir, una política educativa anticapitalista, antineoliberal y antifascista. 

La actual política educativa está fundamentada en procesos neoliberales, como la denominada cultura del esfuerzo y la meritocracia, que ocultan el peso de la clase social, del nivel socioeconómico o del capital cultural de las familias de origen del alumnado que acaba por responsabilizar a cada persona de su éxito o de su fracaso en el sistema educativo y social, culpabilizando a la víctima y revictimizándola de su situación, asegurando que es porque “no se esfuerza lo suficiente” o “no toma las riendas de su propio destino”…

Frente a este discurso, que enmascara privilegios y esconde desigualdades, una nueva política educativa crítica debe orientarse por la equidad como valor, asegurando la igualdad de oportunidades y la justicia de resultados en todo proceso educativo. Lo cual implica inexorablemente la conexión de las medidas educativas con otras medidas sociales y económicas que acompañen y complementen el proceso educativo. 

Ello implica que se debe frenar cualquier medida o proceso de privatización de lo público, pues la escuela pública, como derecho y servicio esencial, es la única garantía de la cohesión social y el eje que ha de vertebrar nuestra sociedad protegiendo y enriqueciendo el bien común. Y revirtiendo el desvío de financiación pública a organizaciones privadas (conciertos educativos) que es actualmente el mayor factor de segregación educativa.

Nuestro sistema educativo debe estar presidido por el sentido democrático y comunitario y planificado en función del bien común. El artículo 27 de la Constitución establece el derecho de todos los sectores afectados a participar en la programación general de la enseñanza. Para garantizar ese derecho en todos los niveles, la mejor opción que debe defender una nueva Política Educativa es la institución escolar de titularidad y gestión pública de proximidad, estrechamente vinculada a su comunidad local, dotada de mecanismos de diálogo, participación y control efectivos, en la que se forme activa y expresamente una ciudadanía democrática y comprometida con su entorno y con los problemas de su mundo.

Una institución escolar que incorpora lo común y lo diverso. Compagina el tratamiento y el respeto hacia las diversas identidades y culturas de los pueblos con la también necesaria fraternidad universal que se asienta en una sola comunidad con valores, derechos y deberes compartidos. Integra lo local con lo global, así como la cooperación y solidaridad con el entorno próximo y el global.

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Una nueva Política Educativa que realice un cambio en el modelo organizativo de las instituciones escolares y transite hacia un modelo más democrático, más participativo y flexible, rompiendo con la lógica administrativista y burocrática actual

Una nueva Política que facilite a la institución escolar desarrollar esquemas comprensivos que permitan interpretar y actuar sobre la realidad. De ahí la necesidad de una enseñanza inclusiva, laica, ecosocial, feminista, antirracista y antifascista, atenta a la denuncia de todas las situaciones de precariedad y marginación, que atentan contra el respeto y la dignidad de la vida y los derechos humanos.

La institución escolar democrática, en una nueva Política Educativa, con grado de autonomía relevante que le permita asumir competencias y desplegar iniciativas  en la toma de decisiones sobre el desarrollo y concreción del currículum, la elaboración de proyectos, la organización del centro y su inserción en proyectos comunitarios de su territorio. Para construir sus propias señas de identidad arraigadas a su entorno y a dar respuesta a sus necesidades, contando, al tiempo, con el imprescindible control que garantice siempre los derechos humanos y una buena enseñanza y no derive en una competencia intercentros, y en una diferenciación y segregación. Por otro lado, la administración educativa debe asegurar esta autonomía pedagógica con la asignación de los recursos necesarios y suficientes para que sea posible.

Una nueva organización escolar que transforme los centros, los patios y todos los espacios escolares desde una perspectiva inclusiva, igualitaria, ecológica y sostenible. Un entorno más verde, bioclimatizado y con mayores oportunidades para el juego libre y en equipo, la aventura, la convivencia y el aprendizaje en contacto con la naturaleza. La remodelación de espacios exteriores e interiores, creando otros lugares de encuentro e intercambio entre los miembros de la comunidad educativa (familias, profesorado, alumnado, agentes sociales, etc.) además del aula convencional, pensados pedagógicamente también como espacios inclusivos, coeducativos y ecológicos, respondiendo tanto a criterios saludables y medioambientales como a razones pedagógicas y de mejora del aprendizaje en entornos amables y cuidados.

También, redefinir la estructura administrativa para reducir la carga burocrática y descentralizar la toma de decisiones, otorgando más autonomía a las instituciones educativas para promover una gestión más adaptada a las necesidades específicas de cada comunidad educativa. Asegurar una asignación adecuada de recursos para la educación, tanto en términos de infraestructura como de personal, que asegure  un entorno educativo propicio y equitativo. Igualmente, fomentar el acceso gratuito y abierto a recursos educativos extraescolares del entorno social y disponer los espacios escolares para su uso por la comunidad social para ampliar el alcance de la educación y reducir las barreras sociales y económicas.

Una prioridad de la política educativa es la participación en actividades extraescolares gratuitas y accesibles en los entornos más empobrecidos. Las actividades extraescolares aportan una gran riqueza educativa y oportunidades de socialización. Se deben garantizar las actividades extraescolares financiadas públicamente y gratuitas para todo el alumnado en la enseñanza obligatoria, sobre todo en entornos vulnerables.

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Una nueva Política Educativa con una mirada hacia aquellos aspectos de la educación más vinculados con las necesidades y problemas del alumnado, las familias, el profesorado y los colectivos ciudadanos

La educación debe ser sensible a los conflictos sociales, desigualdades, injusticias, emergencias climáticas y desafíos de la humanidad. Son estos los que deberían configurar el currículo y los contenidos escolares que se abordan a lo largo del proceso educativo. Asimismo, debe poner el énfasis en valores como la solidaridad, el apoyo mutuo y la cooperación, y en la sensibilización y cumplimiento escrupuloso de los derechos humanos y sociales. También fomentar la participación democrática del profesorado, alumnado, familias, comunidad y colectivos en la toma de decisiones educativas.

La educación tiene el deber de buscar la solución colectiva a los problemas cotidianos en función del bien común, frente a la competencia por el éxito individual, Frente a la indiferencia ante el sufrimiento humano activar la empatía y la compasión, sin perder nunca el horizonte de la transformación educativa y la emancipación social.

Todo ello nos ha de llevar a una nueva Política Educativa que establezca canales de comunicación abiertos y transparentes entre la institución educativa, el profesorado, el alumnado, las familias y la comunidad. Esto facilita la comprensión mutua, el compromiso, los valores comunitarios y fortalece la colaboración en el proceso educativo para el desarrollo de las personas y su participación activa en la construcción de una ciudadanía democrática de acuerdo con todos los derechos humanos (desde los de primera hasta los de quinta generación) que hemos considerado los principios fundamentales que guían la sociedad.

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 Una nueva Política Educativa que realice una propuesta curricular adecuada y adaptable a las necesidades cambiantes de la sociedad

El currículum, en tanto que selección del conocimiento valioso y de experiencias significativas de la vida social, cultural, económica y política, está sometido a constantes tensiones ideológicas en función de las relaciones de poder. Mediante las Políticas Educativas, a las administraciones educativas les corresponde fijar un marco curricular amplio y flexible que permita reajustarse de acuerdo con evaluaciones públicas y democráticas, pero no les compete regular su implementación concreta. Corresponde a los centros su desarrollo, adaptación y concreción, a través de proyectos interdisciplinarios, ejemplificaciones, formación, asesoramiento y metodologías que no sean impuestas, poniendo el foco en la educación integral, inclusiva y en la personalización del aprendizaje de acuerdo con las características de su alumnado y de su entorno y contexto social.

Una nueva Política Educativa que defiende y promociona una institución educativa inclusiva e incluida. Integrar currículos que reflejen la diversidad cultural, étnica, de sexo, de clase y social. Atendiendo la más amplia diversidad del alumnado en un mismo espacio, evitando cualquier tipo de discriminación en función de la clase social, la etnia y cultura, el sexo o la diversidad funcional.

Una nueva Política Educativa que cuestione radicalmente la lógica tradicional de la fragmentación curricular y apueste por el diálogo y la integración de saberes y asignaturas que ensanchan y enriquecen el campo de conocimiento: lo hacen más situado, relevante y profundo. Las propuestas interdisciplinares y globalizadoras —como el trabajo por proyectos, la investigación escolar o centros de interés— exige el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar entre el profesorado del centro y de otros profesionales y agentes del territorio. Debemos aprender y poner en valor el enfoque educativo de la educación infantil que trabaja de forma global e integrada y extenderlo a las etapas superiores, en vez de “secundarizar” la primaria y “primarizar” la educación infantil. La educación obligatoria no es una preparación para el mercado laboral sino una educación para el desarrollo personal y para la incorporación a la ciudadanía democrática de forma crítica y constructiva. No es un lugar de entrenamiento para la empresa.

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Una nueva política educativa que elabore procesos de evaluación de carácter inclusivo y democrático, con el propósito de garantizar la equidad y la mejora del aprendizaje para todas y todos

En una nueva Política Educativa se ha de analizar críticamente los métodos de evaluación educativos como la competitividad, la calificación, la repetición y la clasificación. Lo sustantivo no es la evaluación del aprendizaje sino para el aprendizaje, para que el alumnado pueda seguir progresando. Tampoco caben las evaluaciones de estándares de competencias medibles, sobre todo cuando simplifican su complejidad conceptual y se orientan a fines economicistas. La alternativa consiste en priorizar la evaluación formativa, participada, continua y cualitativa por encima de la cuantitativa para comprender el contexto y la calidad del aprendizaje

Una nueva política que se distancie de la interesada meritocracia y de la enmascaradora cultura del esfuerzo; demostrados mecanismos de reproducción de las clases sociales.

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Una nueva Política Educativa que tenga en cuenta e incorpore de forma crítica las nuevas ecologías del aprendizaje propias de la sociedad digital en la que estamos viviendo 

Una política educativa sensible a los cambios que están teniendo lugar en cuanto a las formas de conocer y de relacionarse que se están desarrollando en un mundo digitalizado que  está cambiando buena parte de las reglas de juego. Negar las tecnologías y el uso de los dispositivos móviles en la escuela supone negar la posibilidad de formar una conciencia crítica en el uso de los mismos, dejándolos al albur de las grandes multinacionales que las controlan. 

La tecnología conlleva riesgos y su utilización debe trabajarse en los tiempos escolares. Para los colectivos más débiles, la escuela es uno de los pocos lugares donde aprender a hacer un uso adecuado de las tecnologías y alfabetizarse digitalmente. Quizá el problema de los móviles es el uso que se les da. Promover la competencia digital docente del profesorado, tanto en la formación inicial como en la permanente, más allá de su actual certificación burocrática.

Una educación siglo XXI requiere incorporar los avances que se están dando en el terreno de la comunicación, la difusión, la expresión y la información, para propiciar una incorporación crítica del alumnado en su utilización, que tenga potencial emancipador y no de manipulación. Pero que también tenga en cuenta y sea crítica frente a la privatización de nuestra soberanía digital en manos de las grandes tecnológicas que convierten los centros educativos en granjas extractivistas de datos de unos “clientes” presentes y futuros a los que se pretende fidelizar como consumidores.

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Una nueva Política Educativa que profundice en el análisis de lo público fomentando la participación de la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con la educación en todas las etapas educativas

El derecho a la educación de todas y todos. Esto supone hacer posible su acceso en los distintos tramos del sistema educativo con la misma oferta de calidad y garantizar el éxito de todos y todas mediante las medidas y ayudas necesarias. Por ello hay que evitar los guetos y la segregación escolar que se generan dentro de la institución educativa privada y también dentro de la red pública a través de ciertas prácticas de selección inadecuadas e injustas.

Una nueva Política Educativa que garantice que todo el mundo tenga acceso a las mismas oportunidades y recursos, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los desafíos específicos que enfrentan, consideradas un derecho que no es opcional, sino obligatorio asegurar. A diferencia de la igualdad, que trata a todo el mundo igual, la equidad reconoce y aborda las desigualdades existentes para conseguir resultados justos. El gran reto, en el análisis de lo público, es lograr que se garantice la equidad, hacia la que se avanza, no a través de una carrera competitiva, sino de una cooperación inclusiva que garantice un acceso equitativo a la educación pública que reduzca las brechas existentes en términos de recursos, instalaciones y oportunidades educativas entre diferentes sectores de la sociedad.

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Una nueva Política Educativa que tenga en cuenta el territorio y la comunidad

La cultura está en el territorio. La adquisición del conocimiento se expande en todo el territorio: en el medio natural y urbano, en todos aquellos espacios de aprendizaje y socialización (actividades extraescolares, equipamientos y ofertas culturales, medios de comunicación y redes sociales…). Una nueva Política Educativa transformadora trata de darle sentido e integrar dentro del currículo las particularidades y diferencias culturales de forma personalizada, a todo lo que se aprende dentro y fuera del aula. Se trata de educar en la vida y para la vida.

Una nueva Política Educativa que dote a la institución educativa de los recursos y la infraestructura necesarios para satisfacer las necesidades educativas específicas de cada territorio y comunidad.

Se han cambiado las condiciones en las que se produce la enseñanza, y han aumentado los retos. No es solo que la sociedad de hoy sea compleja, sino que también son mayores las necesidades de aprendizaje, y más ambiciosas las metas,. Aprender hoy, no es tanto apropiarse de la “verdad”, como dialogar con la incertidumbre, de manera que cualquier reflexión sobre el sentido de la institución escolar debe tener en cuenta el tipo de conocimiento que exige el mundo contemporáneo. 

La defensa de una institución educativa democrática al servicio de la sociedad y del interés común sitúa en el centro de la educación al profesorado y a las comunidades educativas. A partir del contexto educativo actual, es necesario poner de relieve el modelo de profesional docente ligado a un trabajo autónomo, reflexivo y comprometido, lejos de la figura de un aplicador de estándares y normas, sujeto a perfiles profesionales que no corresponden con el trabajo educativo.

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Una nueva Política Educativa que trabaje por una institución educativa unificada

Una nueva Política Educativa requiere un proyecto integrador que asegure la continuidad y coherencia educativa entre la educación infantil, primaria y secundaria. Evite rupturas bruscas en el cambio de etapa, así como modelos e incluso finalidades educativas contrapuestas. 

Es imprescindible la creación redes de centros educativos próximos geográficamente, donde la vinculación y la buena transición entre diferentes etapas educativas se establezca como un aspecto estructural que da sentido a la red. Se requiere un trabajo en equipo entre el profesorado de los diversos niveles, la construcción colectiva de una cultura común y la equiparación de las condiciones de trabajo del profesorado entre las diversas etapas. Apostamos por el cuerpo único de docentes

Una institución escolar escolar ampliada y de continuidad demanda otra carrera profesional de los docentes, que permita la movilidad entre los ciclos, coherencia y visión global del sistema educativo y un proyecto docente compartido, dentro de las diferencias propias de las diferentes orientaciones pedagógicas.

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Una nueva Política Educativa que mejore la formación inicial y permanente del profesorado

 Una nueva Política Educativa parte del supuesto de una visión abierta de la formación, un currículum formativo más contextualizado y en una realidad basada en la confianza en los docentes, en su desarrollo más autónomo y la menor intervención del currículum formativo, en una escuela pública y laica donde la participación es fundamental y con una defensa de la igualdad, libertad, dignidad humana, democracia y justicia, buscando un progreso y bienestar social mayoritario.

Dar categoría social y profesional a la formación inicial y permanente ha de desarrollar al profesorado como un componente importante en la educación libre, más democrática y autónoma de las personas. Y, por supuesto, su mejora laboral. Ver al profesorado como sujeto de formación y aprendizaje.

La innovación y el cambio en educación deben entenderse como componentes consustanciales de la profesión docente a los que no se puede renunciar. Un elemento estructural profesional necesario y abordable. La formación del profesorado debe integrar y trabajar esta dimensión, evitando la sensación de derrota y de imposibilidad de ser asumida ante la vertiginosa evolución de los acontecimientos, lo que se suele utilizar como justificación o coartada para reivindicar la vuelta a los modelos tradicionales de enseñanza.

La formación del profesorado en las nuevas Políticas Educativas debería contemplar el desarrollo y extensión de prácticas vinculadas a la práctica profesional, más liberadoras, democráticas, de mayor autonomía y desarrollo de un pensamiento crítico en los docentes. Definir un proyecto humanista para un profesorado más preparado; y promover mayor flexibilidad, innovación e imaginación en formación.

Una formación docente que se vincule con los centros escolares, generando proyectos formativos compartidos en un nuevo espacio de desarrollo profesional que involucre tanto al profesorado en formación, al profesorado en ejercicio y al profesorado de las Facultades de Educación. Formación y sistema educativo deben considerarse desde el mismo sistema y finalidades. 

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Una nueva Política Educativa que reduzca las ratios, más inversión y más profesores y otros profesionales para atender la diversidad y complejidad y que ponga fin a la infrafinanciación poniendo recursos para atender la creciente diversidad a las aulas, sobre todo en los centros de alta complejidad  

Muchas instituciones escolares hacen una tarea prodigiosa, pero sin los recursos necesarios y se encuentran desbordadas a pesar de tener comunidades comprometidas que son una esperanza para continuar trazando las líneas de cambio que hay que poner en marcha.

Hace tiempo que hay carencias significativas en las oportunidades del alumnado socialmente desfavorecido, en la igualdad de género o en los resultados de los alumnos de origen inmigrante. Las desigualdades educativas son un lastre para la mejora de los resultados educativos.

En una nueva Política Educativa se han de implementar políticas de financiación de los centros educativos que tengan en cuenta la población escolar que atienden, que reduzcan las ratios escolares de forma significativa para poder educar de manera personalizada y hacer efectiva una inclusión educativa en el marco de una cultura de la diversidad real. Apoyando al profesorado con la incorporación en los departamentos de orientación de más orientadoras y orientadores (1 por cada 250 alumnos y alumnas como máximo), profesionales de la educación social y de la mediación intercultural, intérpretes de signos, etc.

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Una nueva Política Educativa que confíe, estimule y motive al profesorado con acompañamiento y tutorización docente

Un profesorado desmotivado, desconcertado, frustrado y agotado, mostrará poco interés y menos entusiasmo en las tareas docentes, buscará huir y abandonar; en cambio, un profesorado con índices elevados de satisfacción profesional con un bienestar docente llevará a cabo intervenciones educativas más eficaces e innovadoras. Lo que repercute en todo el sistema educativo.

En una nueva Política Educativa se hace necesario una constante reflexión sobre la práctica, el trabajo en equipo colaborativo y la implicación en el proyecto educativo comunitario. Por otro lado, el profesorado tiene un compromiso ético y emancipador, con la transformación educativa y social.

Una nueva Política Educativa debe movilizar la capacidad interna del profesorado por la sostenibilidad del cambio y mejora de la educación, más que desarrollar estrategias burocráticas o verticales del cambio. Y esto se consigue aumentando el protagonismo del profesorado. Las reformas y cambios que vienen diseñados desde arriba no salen adelante de forma provechosa sin el profesorado.

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Una nueva Política Educativa que proponga fórmulas para una adecuada financiación del sistema educativo, en sintonía con las demandas de los organismos internacionales

El sistema educativo arrastra históricamente una financiación mezquina y claramente insuficiente, que atiende a los mínimos sin prever las necesidades de expansión y progreso necesarios. Proponemos una nueva Política Educativa que, en los presupuestos generales del estado, mantenga, al menos, los niveles medios de los países líderes en financiación de la educación pública del 7% del PIB. 

Es preciso una nueva política educativa que invierta en los centros escolares haciendo una propuesta de mejora en términos de recursos que atiendan a los avances en cuestiones como mobiliario, tecnología, espacios adecuados, diversificados y flexibles, bioclimatización y espacios verdes, etc. En este sentido reclamamos que el 100 % de la financiación del Estado se aplique a la educación pública, eliminando los conciertos educativos, o cualquier otra fórmula de financiación a la escuela privada, como los cheques escolares.

Una nueva Política  educativa que garantice puestos escolares públicos para toda la población infantil y juvenil, en toda la etapa infantil, primaria, secundaria y de formación profesional de grado medio y superior, así como también en la universidad. Esto implica inversión en nuevos edificios de acuerdo con una política de centros educativos sostenibles, de acuerdo con el principio de proximidad y que tengan visión de futuro en cuanto a los cambios demográficos y a la organización escolar. Hay que evitar macrocentros que despersonalizan la educación y reproducen los modelos empresariales basados en el rendimiento y la relación coste beneficio. Abogamos por la configuración de centros educativos no masificados, donde las relaciones ‘cara a cara’ sean posibles y el estudiante sienta que es importante para la institución educativa.

Una nueva política educativa que invierta en profesionales de la educación de perfiles diversos que atiendan las diferentes necesidades desde la lógica de la profesionalidad. Esto supone pensar en plantillas que contemplen no sólo la relación carga/capacidad docente, sino que tenga en cuenta las necesidades complejas de un centro escolar, los proyectos educativos, la posibilidad real de la codocencia, etc.

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