2.|Universalidad del derecho a la educación

2.1. Educación Infantil

2.2. Formación Profesional

2.3. Educación Secundaria

2.4. Educación Permanente

 Si se asume que la educación es un bien muy valorado, decisivo para determinar la vida de las personas y el bienestar de la sociedad, es natural convertirlo en un derecho para que tenga validez universal; es decir, que todos y todas puedan disfrutarlo en cada uno de los niveles educativos, desde el nacimiento hasta la universidad, y transcienda la escolarización y las etapas educativas regladas prolongándose a lo largo de la vida. La educación pública, financiada con recursos públicos provistos por los poderes públicos, es la única que puede garantizar que el derecho a la educación sea una realidad. Será criterio prioritario el principio de suficiencia: que el Estado garantiza las condiciones y los recursos para que las personas tengan los medios básicos necesarios. Esta educación no puede ser adoctrinadora; una educación pública que pretende que el alumnado sean personas libres, críticas y que decidan por ellas mismas.

  En nuestro país, es necesario ampliar las garantías constitucionales ofrecidas hasta el momento por los poderes públicos a través de la creación de centros y de la programación general de la educación, incorporando la financiación necesaria. El indudable avance de la escolarización durante los años ochenta y noventa en nuestro país no supuso una suficiente cobertura en la Educación Infantil ni en el Bachillerato. El alto porcentaje de fracaso y abandono escolar en la Educación Secundaria Obligatoria es una manifestación de las carencias padecidas. Los efectos de los recortes en estos últimos años de crisis suponen un nuevo freno al desarrollo de estos niveles educativos, además de suponer consecuencias nefastas para garantizar un nivel similar de calidad en los centros educativos.

Ahora bien, educar no es lo mismo que escolarizar. No podemos equiparar el derecho a la educación al derecho a la escolarización porque el disponer de un puesto escolar no garantiza que todos se eduquen por igual. La escolarización universal no garantiza la igualdad, ni el derecho a la educación interpretado en un sentido exigente.

Necesitamos un sistema educativo flexible con capacidad para incluir y atender las necesidades y asegurar los derechos, de todo el alumnado, dotado de los suficientes recursos (humanos, materiales, etc.) que garanticen el derecho de todas y todos a recibir una educación óptima. Esto significa que el sistema educativo debe garantizar una oportunidad real de aprendizaje y desarrollo a cualquier alumno y alumna, procurando el éxito personal y escolar de todos, con la suficiente inversión de recursos y con refuerzos susceptibles de ser utilizados en el momento en que sea necesario. Frente a la repetición de curso, que sólo sirve para aumentar las tasas de abandono escolar, se propone la prevención y la compensación.

 Es necesaria una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años, donde se detecte e identifique rápidamente cualquier déficit, desplegando los recursos precisos para atenderlo, dando a la Educación Infantil y Primaria la importancia que merecen como pilares básicos que son de todo el proceso educativo. También necesitamos avanzar hacia políticas sociales más activas, incluyendo una apuesta firme por la inversión social en experiencias educativas no formales que eviten la desigualdad, con políticas laborales y en el sistema educativo que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral y por la formación integral de las personas a lo largo de su vida.

En esta línea, que trasciende la circunscrita exclusivamente a políticas educativas públicas, planteamos la creación de una instancia (observatorio) encargada de analizar, evaluar, identificar y denunciar cualquier política cuyas consecuencias atenten directa o indirectamente, contra el “interés superior del niño/a”, tales como políticas educativas, laborales, sanitarias, sociales o de cualquier otro tipo, máximo en los momentos actuales, cuando la crisis social y económica y sus consecuencias, están golpeando a la infancia de un modo tan cruel.

 Este Este principio básico, de universalidad del derecho a la educación, que aparece en la “Convención de los Derechos del niño” de 1989, fue asumido por España desde el momento en que firmó y ratificó la Convención y es deber del Estado Español cumplirlo y de los agentes sociales exigírselo.

Concreciones y propuestas

• La educación pública ha de recibir la atención prioritaria en las políticas educativas. La educación es un derecho fundamental a lo largo de la vida de una persona y es un servicio público que debe estar garantizado por una financiación presupuestaria suficiente.
• Los poderes públicos garantizan el derecho de todos y todas a la educación. No debe ser debilitado en su papel de promotor por lo que es el responsable directo y activo de la equidad y de la distribución de los recursos, de acuerdo con el principio de la justicia distributiva.
• El sistema educativo debe garantizar la realización del derecho a la educación en condiciones de igualdad por medio de la red de centros públicos, llevándose a cabo una supresión progresiva de los conciertos educativos y evitando la desigualdad que, de hecho, se produce entre la red pública y la red privada por la clasificación del alumnado.
• Garantía de una oferta de plazas públicas en todas las etapas y modalidades de enseñanzas. Los poderes públicos proveerán de una oferta de puestos escolares públicos suficientes, para que todo alumno y alumna disponga de una plaza asegurada en el sistema público, de titularidad y gestión pública.
• Establecer un control de las redes escolares por Consejos Escolares municipales para que cumplan con los principios de equidad, pluralidad y proporcionen una enseñanza de calidad en las mismas condiciones para todo el alumnado.
• Necesidad de extender y garantizar que todos los municipios cuenten con Consejos escolares municipales, incorporándolos también a nivel de distrito en grandes ciudades, cuyos distritos tienen en su inmensa mayoría un volumen superior a muchos municipios.
• Es necesario asegurar la escolarización en la red pública, desde la Educación Infantil hasta los 18 años, para garantizar que el derecho universal a la educación sea efectivo. En Educación Especial, se podrá extender hasta los 21 años en centros de secundaria, garantizando los apoyos necesarios.
• Establecer medidas de protección y promoción social, así como organizativas y curriculares en el ámbito escolar contra el absentismo escolar.
• Crear las necesarias pasarelas para lograr que, los y las jóvenes puedan incorporarse a acciones formativas para alcanzar la certificación de la educación secundaria obligatoria y el acceso a cualquier tipo estudio de forma accesible.
• Se proporcionarán servicios y recursos suficientes para que todo el alumnado reciba los apoyos necesarios para progresar de acuerdo a su ritmo de maduración y aprendizaje a lo largo de la enseñanza básica.
• Ratios y apoyos adecuados para una educación equivalente que atienda a las necesidades de cada alumno y alumna.
• Sólo en condiciones muy excepcionales se recurrirá a la repetición de curso en la enseñanza obligatoria. Es necesario que antes de llegar a la repetición se proporcionen medidas de apoyo y de refuerzo educativo a quienes muestren necesidades específicas de aprendizaje.
• Invertir en experiencias educativas no formales que favorezcan la igualdad social.
• Cada centro contará con un equipo de Orientación, con una ratio adecuada, integrado por profesionales de diferentes perfiles -psicopedagogos, educadores sociales, logopedas, etc.- a fin de favorecer el diagnóstico temprano y las estrategias necesarias para posibilitar la inclusión en el centro.
• Se potenciarán los servicios de orientación educativa a través del aumento de las plantillas de los Equipos de Atención Temprana, de los Equipos de Orientación Psicopedagógica y de otros servicios públicos relacionados, así como de los recursos materiales que necesiten. Se trata de que puedan dar respuesta a las necesidades reales y realizar su labor en condiciones dignas para hacer progresivamente factible la educación inclusiva.

 2.1. Red escolar pública de centros de educación infantil de 0 a 6 años (↑subir )

El conjunto de consideraciones y propuestas se refiere a todos los niveles del sistema educativo. No obstante, a continuación se tratan más extensamente aquellas cuestiones más específicas que afectan a algunas etapas del sistema educativo.

La Educación Infantil 0-6 años es la primera etapa del Sistema Educativo y como tal ha de ser tratada no sólo en la ley. La Educación Infantil es una etapa educativa crucial en el desarrollo de la persona y esto implica darle la consideración que merece y dotarla de medios que garanticen la calidad en el cumplimiento de la finalidad que le es propia.

Es preciso favorecer la escolarización temprana, para todas aquellas familias que opten por esta modalidad, universalizando una oferta gratuita de calidad. Esta escolarización tiene como funciones las de desarrollar las potencialidades de niños y niñas y su derecho a ser felices, socializarlos, contribuir a su progreso escolar y como factor que compense las desigualdades.

Se deben desarrollar políticas educativas públicas que contemplen alternativas para las familias al formato habitual de escolarización en el tramo 0-3 años, que se desarrollen en centros educativos públicos y con gestión pública directa de la Administración educativa para asegurar la calidad de los diversos servicios que se presten.

Los poderes públicos desarrollarán, en colaboración con otros servicios públicos, políticas de protección integral a la primera infancia para que satisfagan los derechos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño de 1989 que señaló el mandato de considerar el “interés superior del niño” en la elaboración de toda política.

Las Administraciones educativas han de universalizar la oferta de plazas públicas de educación infantil desde los 0 a los 6 años, garantizando su carácter plenamente educativo (no asistencial), y estableciendo instituciones escolares apropiadas, no como apéndices de la Educación Primaria. Éstas son las Escuelas Infantiles, tal como ocurre con los CEIP para Primaria y con los IES para Secundaria.

Por razones de protección a la infancia, todos los centros a los que asisten de forma regular y estable niños y niñas de cero a seis años, deben cumplir unos requisitos mínimos, comunes y regulados para todo el Estado. Estos requisitos han de referirse a las titulaciones profesionales, iguales para toda la etapa y a espacios suficientes y concretados en sus dimensiones, todo ello para el buen desarrollo e interacción de las criaturas y de éstas con los adultos. Deben fijar igualmente la ratio pues es imprescindible rebajar la actual hasta alcanzar los valores recomendados, para hacer posible el desarrollo de calidad global e integral que precisan las potencialidades infantiles. La referencia es la indicada por la Red Europea para la Educación Infantil (1 persona adulta por cada 4 niños de 0 a 12 meses; 1/6 niños de 12 a 24 meses; 1/8 niños de 2 a 3 años; 1/12 niños de 3 a 4 años y 1/16 niños de cuatro y cinco años).

Para hacer posible la universalización del servicio se arbitrará una ley de plazos que la regule, tiempo durante el cual se irá ampliando progresivamente la red pública de centros educativos, de titularidad y gestión pública, hasta cubrir todas las necesidades de escolarización en la Educación Infantil (0 a 6 años), no solo la del segundo ciclo (3-6) que prácticamente se ha alcanzado.

Los datos ofrecidos por UNICEF en su último informe nos recuerdan la preocupación por mantener el carácter compensador que debe tener siempre la educación, pero muy fundamentalmente en los primeros años de la escolarización, donde su valor educativo y también asistencial tiene unos efectos determinantes para el presente y para el futuro de los menores.

Concreciones y propuestas

• Se debería tratar de relacionar las situaciones sociales y ambientales de la infancia y la adolescencia con los procesos educativos.
• La necesidad de reincorporar el primer ciclo de la Educación Infantil, de pleno derecho, en las legislaciones generales del sistema educativo (currículum, requisitos mínimos de centros, etc.). Aquí se incluiría la necesidad de rebajar la ratio de alumnado por grupo en educación infantil y, en esta etapa, favorecer la escolarización temprana.
• Oferta progresiva de plazas de educación infantil pública y gratuita hasta satisfacer la demanda del ciclo 0-3 años y generalizar la escolarización de toda la población de 3-6 años.
• Revisar el espacio en los centros, es decir las dimensiones espaciales del aula y escuela, para que se correspondan con el mejor proyecto educativo, así como un horario en los centros de educación infantil apropiado y digno para la conciliación familiar que responda a las necesidades de los niños y las niñas.
• La necesidad de que los y las profesionales de Educación Infantil tengan la misma titulación, el grado universitario, superando así las diferencias existentes entre el primer y segundo ciclo de la misma y entre esta etapa y el resto del sistema educativo. Estas diferencias han tenido que ver, en su origen, con factores económicos como es el menor coste laboral de algunas titulaciones hoy contempladas en el primer ciclo. También tienen que ver con la consideración de esta edad como menos relevante educativamente y susceptible de ocupar a profesionales con menor cualificación.
• Considerar la formación pedagógica de todos los profesionales no docentes que intervienen en el proceso educativo del niño/a (cocinero/a, administrativo/a, limpieza, etc.).

2.2. Red pública de centros de Formación Profesional (↑subir )

Entendemos que la formación profesional debe vincularse a la promoción de empleos dignos y necesarios para el bienestar de la sociedad y para el mantenimiento de unas condiciones de vida de las personas adecuadas. La búsqueda de lucro de las empresas no puede ser el criterio que decida el mapa de la FP. Los trabajos que son necesarios para nuestro bienestar (no los más lucrativos) constituyen un sector de empleo que tiene que elevar su nivel de cualificación y reconocimiento por parte de la sociedad. Este valor añadido influirá en la mejor retribución de sus trabajadores: trabajos asistenciales, educativos, agroecológicos, servicios de proximidad… y en esa dirección deben caminar los cambios en la Formación Profesional. Hablamos de una reconversión no sólo del mercado laboral, sino también de nuestra concepción misma del sistema productivo.

La formación profesional adquiere toda su potencialidad cuando se integra en los procesos de cualificación profesional, estableciendo un mecanismo permanente de aprendizaje que se inicia en el sistema educativo y continúa con la integración laboral en el mercado de trabajo y su progresión a lo largo de toda la vida profesional de la población.

Es necesario revalorizar la Formación Profesional y dotarla de recursos suficientes para que sea apreciada socialmente y que proporcione una formación integral que ayude a la inserción laboral y social del alumnado. Para eso las Administraciones educativas tendrán que: 1) garantizar una oferta pública de ciclos formativos adecuada y suficiente, con nuevas familias profesionales para el mercado de trabajo en la próxima década, 2) promover perfiles profesionales que generen bienestar social y sostenibilidad ambiental 3) crear una red pública de centros integrados de FP, en los que se imparta tanto la Formación Profesional reglada como la Formación para el empleo, con posibilidad de desarrollar programas en régimen nocturno y semi-presencial, para satisfacer la demanda de ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional específica y 4) afianzar una red de centros de referencia nacional y garantizar el desarrollo de un verdadero sistema de orientación profesional. El perfil de los ciclos que se ofertarán deberá garantizar el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales de los titulados y no sólo el interés inmediato de las empresas, teniendo en cuenta las demandas del alumnado y de la comunidad educativa y las necesidades de formación y orientación profesional derivadas del correspondiente análisis de las expectativas de empleo. Se dará amplia difusión y se potenciará la dignificación de los ciclos de Grado Medio. Se establecerán las “pasarelas” entre ciclos, con el paso directo de los ciclos medios a los superiores de la misma familia profesional, y entre éstos a las universidades, con las oportunas convalidaciones.

Para hacer posible una formación profesional de calidad es necesaria la participación y la colaboración de todos los actores públicos y privados que intervienen en los procesos de cualificación, y el conjunto de las administraciones públicas, locales…

Concreciones y propuestas

• Garantizar la oferta pública de las enseñanzas de formación profesional para atender adecuadamente a la demanda, con una revisión de las nuevas familias profesionales que se prevén necesarias en el mercado de trabajo.
• Consolidar una red de centros integrados de FP con Formación Profesional para el empleo y enseñanzas flexibles para satisfacer las demandas de formación tanto al inicio como a lo largo de la vida profesional.
• Regular de forma ágil el reconocimiento de cualificaciones profesionales a través de la experiencia laboral, para mejorar la cualificación y las oportunidades de los trabajadores y trabajadoras.
• Combinar en el perfil de los ciclos las demandas de empleo con las necesidades de formación de la sociedad en una planificación a largo plazo.
• Establecer acceso directo de los ciclos medios a los superiores de las mismas familias profesionales y de los superiores a las universidades con las oportunas convalidaciones.

 2.3. Una visión crítica de la enseñanza secundaria (↑subir )

Las reformas educativas, desde 1990, han centrado la atención, las críticas y las propuestas en las políticas relativas a la Educación Secundaria Obligatoria. Las consecuencias sociales y académicas, así como las repercusiones en la profesionalidad del cuerpo de docentes que tenía la ampliación de la obligatoriedad y el optar por una fórmula comprensiva o por un sistema de vías paralelas segregadas para el currículum (la académica y la práctica o profesional), han colocado a ese tramo educativo es uno de los focos de atención en el panorama de la educación.

Se ha hablado mucho de fracaso escolar en esta etapa. Ha preocupado el alto nivel del abandono escolar temprano, la repetición de curso, el índice de idoneidad (porcentaje de alumnos y alumnas que están en el curso que corresponde a la edad establecida). Una vez que hemos identificado que sucede en estas etapas, nos tendríamos que preguntar por ejemplo: ¿Cómo es el proceso de enseñanza y evaluación? ¿Están los contenidos contextualizados? Nada se ha hecho para atender la enseñanza secundaria de la manera más adecuada, se eliminan los programas de refuerzo, orientación y apoyo y la atención a la diversidad, que obviamente afecta a los más vulnerables del sistema.

Concreciones y propuestas

Son diversas las medidas que se pueden tomar, según cual sea el diagnóstico del que se parta. Algunas de ellas de tipo general están incluidas en las propuestas dedicadas a la inclusión, financiación, acceso y formación del profesorado, currículum y evaluación.

• Destacaremos una de ellas que no suele ser muy citada, por la importancia que tiene y el poco interés que parece despertar. Nos referimos a los contenidos. En alguna medida, es el tipo de cultura que se imparte bajo los currículos, cargada de academicismo, la que produce la desafección del alumnado, que no refleja los temas más interesantes que esconden las materias, que no despierta el interés del alumnado. Las propuestas realizadas sobre la reorientación de la cultura escolar es preciso extenderla a todos los niveles educativos.
• Otra de ellas tiene que ver con el fracaso escolar y el abandono temprano que produce nuestro propio sistema educativo en esta etapa, al suspender al alumnado y utilizar mecanismos de repetición de curso, en lugar de tomar medidas previas de flexibilización y atención personalizada desde el principio de la escolarización.
• Deben evitarse todas las medidas de clasificación y selección temprana del alumnado y garantizar una educación integral, común y de igual valor para el alumnado en la etapa obligatoria. Ello sin perjuicio de una opcionalidad gradual en función de intereses y motivaciones que no impliquen agrupaciones de grupo-clase homogéneas, prácticas éstas muy extendidas y que han demostrado su eficacia.

 2. 4. Educación Permanente de Personas Adultas (↑subir )

Contiene el conjunto de actuaciones de carácter educativo orientado a proporcionar a toda la población de mayor de edad, la adquisición y actualización de la formación básica, el acceso a los distintos niveles educativos y profesionales, y su integración, promoción y participación crítica y creativa en el mundo social, cultural, político y económico.

Concreciones y propuestas

• Extensión de la red pública de centros de educación de personas adultas, dependiente en cada Comunidad Autónoma de la Consejería de Educación y no de la de Bienestar Social, provistas del personal docente cualificado y de las condiciones y recursos necesarios para cubrir las demandas existentes y garantizar la necesaria calidad educativa.
• Garantizar el acceso a las numerosas ofertas culturales y de educación no formal de los distintos colectivos de personas adultas.