6. Autonomía, participación, dirección colegiada y apertura al entorno institucional, social, medioambiental y cultural del centro educativo.

  Es necesario resaltar la importancia del centro como eje del sistema educativo. En él están los alumnos y alumnas como sujetos de derecho a la escolarización y educación, mientras que para su éxito está el profesorado y el resto de la comunidad educativa, que se organiza mediante un proyecto educativo democrático, transparente y con rendición de cuentas.

Una de las propuestas más divulgadas y que han condicionado el pensamiento en nuestro tiempo es el valor que se le ha dado a la libertad de elección de centro (público o privado) por parte de las familias. Esa opción –se argumenta- da satisfacción a los consumidores y, de paso, supuestamente mejora la calidad del sistema: depurando a los que no atraen a la clientela (que será porque no sirven). La participación de la familia se colma con la elección del centro en el que se educarán a los hijos e hijas. De este modo los padres y madres legitiman el mercado educativo con su elección.

 Conviene deshacer esa creencia que esconde debajo del lenguaje halagador hacia las familias una realidad bien distinta. La libre elección de centro escolar debe entenderse como una manifestación de preferencia particular y de renuncia expresa a una plaza pública, no como un pretendido derecho que el Estado debe garantizar a cargo de fondos públicos y al margen de toda planificación educativa. La obligación de los poderes públicos es garantizar una educación de calidad, en cualquier lugar, a través de una oferta de plazas públicas suficientes en todos los niveles y modalidades educativas que ofrezca igualdad de oportunidades y ayude a superar las desigualdades. En la práctica la “preferencia de elección de las familias” no deja de ser una opción restringida que genera desigualdad y olvida un fundamento básico del derecho a la educación, que no es otro que procurar el progreso de todo el alumnado y no el de unos pocos.

Hay otras formas de participar en la educación. Desde un punto de vista democrático la autoridad educativa y la responsabilidad de ejercerla adecuadamente está compartida entre la familia, el profesorado y la ciudadanía en general. Sin olvidar que el derecho de la educación es de los alumnos y alumnas y para ello debemos educarlos en libertad, pues a ellos corresponde crear el mundo futuro.

Es preciso revitalizar la regulación y las prácticas de participación para darles autenticidad, vigor y atractivo; facilitar la participación de la comunidad educativa (presupuestos participativos, AMPAS, asociaciones de alumnado, claustros y consejos escolares).

Para ello no sólo es necesario reconocer el valor y la importancia de la participación efectiva a través de los Consejos Escolares de centro, municipales y autonómicos; espacios que no siempre han sido aprovechados plenamente y que tampoco han sido convenientemente estimulados. Se requiere reformular la LODE y elaborar una nueva normativa de participación educativa que contemple una representación equitativa y proporcional de todos los sectores de la comunidad educativa, que a la vez se abra a otros agentes sociales relacionados con el proceso de socialización de la infancia y la juventud y donde se pueda plantear una participación de toda la comunidad educativa.

 También implica un cambio hacia un nuevo modelo de dirección representativa y colegiada de profesionales de la educación que sean representantes de la comunidad educativa. La dirección es la encargada de representar a una organización tan compleja como son los centros escolares que, con sus singularidades, trayectorias diferentes y profesionales con distinta relación con el conocimiento, se vertebran en un proyecto común para hacerse sentir parte de la colectividad.

Es esencial que la dirección contribuya a la elaboración del proyecto educativo que es donde se materializa la autonomía pedagógica, de gestión y de organización, que rinda cuentas anualmente de su proyecto de dirección al Consejo Escolar, y éste pueda revocarse en función de los resultados de su gestión.

El equipo directivo debe tener reconocimiento, de la Administración, a su trabajo y dedicación y a través de la confianza plena de la comunidad educativa mientras se trabaje dentro de un marco democrático.

Para que la apertura al entorno sea real se debe fomentar la integración de las organizaciones sociales de los barrios en la vida de los centros y promover los movimientos sociales asociativos de AMPAS y estudiantes.

El centro escolar debe estar integrado en el entorno y su espacio podrá ser usado por la ciudadanía. De igual manera, el centro escolar tendrá facilidad para acceder a los recursos y equipamientos del entorno (barrio, distrito, ciudad).

Entendemos que el espacio educativo va más allá del edificio escolar, y que debería existir un intercambio entre dicho espacio y el entorno más próximo en el cual éste se circunscribe. Por tanto, existen servicios e instalaciones que centro educativo y entorno pueden aportarse mutuamente, en una relación dialógica y bidireccional. Para vertebrar este proyecto colectivo se requiere la colaboración entre las distintas administraciones públicas (municipal y regional/autonómica), en el cual también deberían participar diversos agentes socioeducativos y culturales, así como cualquier ciudadano o ciudadana a título individual.

 La igualdad de oportunidades y la inclusión escolar únicamente son posibles si se complementan con otras políticas sociales públicas activas en el territorio que favorezcan la equidad y la cohesión social (planes de entorno, ciudades educadoras,…) así como la compatibilidad entre la vida laboral y familiar y con el compromiso de los diversos agentes y dispositivos de la comunidad que de alguna manera intervienen en el proceso de socialización de la infancia, la juventud y las personas adultas: recursos sociales, medioambientales, ofertas culturales, formación permanente a lo largo de toda la vida, equipamientos, etc.

Apostamos por una democratización profunda del aula, del centro y el entorno con el fin de construir una ciudadanía participativa, democrática, responsable y solidaria. La comunidad educativa promoverá la participación, el debate pedagógico, el trabajo en equipo y la cooperación dentro y fuera del centro.

La educación no empieza ni termina en la escuela. Este reconocimiento implica abordar la necesidad de incluir entre los objetivos políticos programas educativos para el tiempo después de la escuela, que queda a merced de las posibilidades culturales, económicas y de dedicación de las familias, dando lugar a situaciones de desigualdad. El tiempo extraescolar hay que ganarlo para la educación de los y las jóvenes, sin que signifique una prolongación de la escuela, sino una oferta rica en actividades formativas y culturales interesantes que creen espacios de encuentro y de aprendizaje.

 Concreciones y propuestas (↑subir )

• Apertura de centros fuera del horario escolar. Abrir el centro a la participación de las familias y del entorno y promover formación para familias.
• Creación de Consejos Locales de atención a la infancia y a la adolescencia en todos los barrios y localidades donde no existan. Los municipios y barrios han de coordinar los servicios alrededor de la infancia (sanidad, servicios sociales, políticas de juventud…) incidiendo en la prevención social y encontrando espacios de relación centro/profesorado/familias.
• Autonomía de los centros en la organización interna, pedagógica y de uso de los recursos para ajustarse a la demanda, características y necesidades de su alumnado y el entorno, a través de las competencias de los Consejos Escolares, haciendo que sea ser el verdadero órgano de gobierno de los centros, en un marco de equidad que garantice la no discriminación de unos centros respecto a otros.
• Autonomía pedagógica del profesorado y la dirección para desarrollar un proyecto educativo consensuado en el seno de la comunidad educativa, facilitándoles la regulación de los aspectos de gestión económica que respondan a sus necesidades y proyectos.
• Elaboración de una Ley de participación educativa que permita una participación equitativa de la comunidad escolar en los Consejos Escolares de centro, en los municipales y autonómicos.
• Fomentar los mecanismos de participación. Favorecer la cultura participativa desde los 0 años. Promoción del asociacionismo y la participación democrática de estudiantes y AMPAS. Potenciar la capacidad de decisión de los órganos colegiados y su responsabilidad en el proyecto educativo.
• Coordinación entre los centros y con los servicios del territorio.
• Articular mecanismos de participación entre el profesorado y padres/madres en el aula, con una comunicación bidireccional, en atención al interés superior del alumnado.
• Potenciación de los Consejos Escolares, en sus diferentes niveles de implantación territorial, que velen por la planificación, funcionamiento y control de los diversos servicios y equipamientos, entre los cuales se incluye la escuela. 
• Fortalecimiento del liderazgo pedagógico compartido. Replantear el modelo de equipo directivo representativo, democrático, paritario, colegiado, voluntario y renovable, con un límite de tiempo en el desempeño del cargo. Debe ser autónomo respecto a la administración y rendir cuentas ante la comunidad educativa. Los equipos directivos gestionarán las decisiones tomadas por los órganos colegiados.
• La elección del equipo directivo y de los representantes de los órganos colegiados será democrática por la comunidad educativa del propio centro. Las candidaturas serán voluntarias con limitación de la duración del cargo y con una posible renovación de dos años más.
• La comunidad educativa promoverá la participación, el debate pedagógico, el trabajo en equipo y la cooperación dentro y fuera del centro, frente a un modelo competitivo. Esto exigirá la reforma de horarios para poder celebrar reuniones de coordinación y creación de espacios para facilitar y visibilizar esos encuentros.
• Se potenciarán planes de igualdad en los centros que cuestionen los estereotipos sexistas y promuevan una educación sin limitaciones para chicos y chicas. Estos planes orientarán las prácticas del profesorado, la organización de los centros y la formación y la orientación profesional hacia prácticas coeducativas.
• Los centros educativos deben educar para una convivencia positiva. Se impulsarán programas de convivencia que hagan prevención de las formas de violencia entre iguales, trabajen la resolución pacífica de conflictos y desarrollen unas relaciones igualitarias. 
• Es necesario coordinar los distintos apoyos que inciden en los centros educativos de tal forma que se garantice su eficacia y se evite duplicidades.
• Incluir como ámbito de intervención de la política educativa el tiempo después de la escuela, como parte del derecho básico a la educación que se prolonga en las horas posteriores y exige apoyo a las familias. Elaborar programas para estos servicios en colaboración con ayuntamientos e instituciones culturales.
• Las administraciones públicas dotarán de recursos y regularán el uso y disfrute de las instalaciones y servicios públicos por parte de los agentes socio-culturales que demanden el acceso a estos. Instalaciones y servicios públicos serán usados bajo el criterio de rentabilidad social y sin ningún tipo de ánimo lucrativo o mercantilista.
• Se promoverán auditorías ambientales educativas que impulsen la disminución del consumo energético y de los residuos.
• Generación y protección de espacios destinados al juego no mercantilizado.
• Favorecer procesos de educación no formal, educación de personas adultas, alfabetización ambiental, animación de experiencias de aprendizaje colectivo.