5.1. Formación Inicial

5.2. Seleccion, Form.Permanente…

 El profesorado es un sujeto activo en la propuesta de nuevas políticas educativas. Es necesario disponer de un profesorado reconocido y comprometido que actúen como educadores/as, bien formados y potenciando la cultura de la investigación y la innovación educativa. Sabemos que en la situación actual el profesorado es considerado puro ejecutor de las directrices emanadas de las administraciones consolidando su desprofesionalización creciente.

Una escuela pública requiere docentes bien formados en el ámbito científico, investigador de su propia práctica docente, conocedor de los interrogantes, las búsquedas y los desafíos de la ciencia hoy y de sus potencialidades al servicio de todas las personas. Una escuela pública laica solo puede serlo si los y las docentes son profundamente respetuosos de la libertad de conciencia y capaces de cuestionar todos los dogmas vengan de donde vengan.

El perfil del profesorado que deseamos requiere un fuerte compromiso y voluntad por la educación entendida como una acción transformadora y renovadora que tiene, al menos, tres implicaciones: primera, que los y las docentes deben actuar como educadores y no sólo como enseñantes. Lo cual significa entender su identidad profesional con funciones educativas, sociales y políticas. Segunda, que el profesorado tiene que ser formado con contenidos apropiados que no se ciñan estrictamente a su papel de enseñar, teniendo en cuenta esa exigencia en su formación, en la regulación de su trabajo y en los procesos de selección y evaluación. Tercera, la profesionalidad ampliada tiene otra proyección importante en la concepción y desarrollo del currículo: cuando éste sea diseñado, desarrollado y se evalúen los resultados, habrá de considerarse que el currículo necesario para atender a esta complejidad va mucho más allá de las asignaturas.

Una nueva figura docente requiere de una nueva definición del puesto de trabajo, que contemple los nuevos requerimientos y perfiles en clave de tareas, responsabilidades, obligaciones y derechos, siempre vinculados a la estructura del puesto de trabajo. Puede resultar demagógico decir que debe actuar como investigador del curriculum, por ejemplo, si esa tarea y responsabilidad no se contempla en la regulación legislativa del puesto de trabajo.

 Los temas que afectan al profesorado son numerosos y se relacionan entre sí, por lo cual es necesario disponer de un marco que recoja toda la problemática presente en este sector para abordar con coherencia y ordenadamente las medidas de política educativa.

Una acción prioritaria es la elaboración de un estatuto del profesorado en el que se expliciten con claridad sus derechos y sus deberes, superando las indefiniciones que existen en el ejercicio de sus funciones, a la vez que se deroga la Ley de autoridad del profesorado, por ser totalmente contraria al espíritu democrático y participativo que debe regir el ámbito educativo.

Las reformas laborales y las leyes de presupuestos han afectado la vigencia normativa de la negociación sectorial. Por eso, se deben rehacer los mecanismos de representación y negociación. Es la primera condición para la dignidad docente.

El personal educativo hace mucho tiempo que ya no es sólo profesorado. En la medida que los centros educativos evolucionen hacia la inclusión y asuman el liderazgo en la construcción comunitaria, son necesarios más perfiles profesionales: orientación, apoyo a necesidades específicas del alumnado, educación e integración social, vertebración de la educación en el ocio… El reforzamiento de la representación y la negociación colectiva es condición también para la gestión de personal en términos democráticos.

 La crisis económica ha provocado un empeoramiento de las condiciones de trabajo, que repercute en la atención del alumnado. En todos los niveles de educación, los recortes han supuesto un aumento de la ratio de estudiantes por aula (un 10% en la enseñanza no universitaria), un incremento de la jornada lectiva del profesorado, así como retrasos en la sustitución de los mismos. El sistema ha perdido a 33.000 profesores y profesoras, perjudicando la atención personalizada al alumnado, especialmente a quienes más lo necesitan que son los más desfavorecidos.

Ha aumentado la precarización de las condiciones de empleo, así como la inestabilidad docente, dificultando el poder conformar equipos de trabajo o la realización de proyectos, aunque su disponibilidad y comportamiento tienen que regirse por criterios no sólo materiales o dificultades para desarrollar las buenas prácticas.

Una garantía básica para el buen funcionamiento del sistema educativo es la estabilidad de las plantillas en los centros educativos. La interinidad del profesorado viene siendo un mal endémico del sistema y, no solo no se ha solucionado, sino que se ha agravado con los recortes llevados a cabo en educación. El abuso de esta forma de contratación ha llevado a que este colectivo esté ocupando permanentemente plazas estructurales del sistema, cuando sólo debería aplicarse a situaciones puntuales como sustituciones por enfermedad, maternidad, etc.

Por todo ello es necesario buscar las condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones reconociendo y promoviendo la autonomía en el desarrollo de las mismas e impulsando una perspectiva ética y política (no meramente técnica), en la producción del conocimiento profesional. En este sentido, son necesarios cambios en los procesos administrativos: en la selección de los y las docentes, en la elección de destino, en la carrera docente y en la estructura laboral del puesto de trabajo.

 Concreciones y propuestas.

• Profesorado comprometido y reconocido que actúen como verdaderos educadores/as y no sólo como enseñantes, formados en contenidos que sobrepasan los conocimientos específicos de las asignaturas y potenciando la cultura de la investigación e innovación educativa.
• Reconocimiento social y profesional de la función pública docente en el compromiso con la educación pública, basado en condiciones laborales dignas y en un desarrollo profesional adecuado amparado en la negociación colectiva. Para ello convendrá establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que velen por el cumplimiento de los deberes y obligaciones.
• Su formación permanente, su desarrollo profesional y su práctica docente innovadora e investigadora deben ser dignificadas y potenciadas al máximo por las políticas educativas, como derecho y obligación del profesorado.
• Una acción prioritaria es la elaboración negociada de un estatuto del profesorado que dé respuesta a las indefiniciones que existen en algunos aspectos fundamentales en el ejercicio de sus funciones.
• Es preciso restituir las condiciones laborales del profesorado, al tiempo que se fijan más claramente las obligaciones del desempeño de tareas que desbordan la jornada lectiva.
• Estabilidad en las plantillas docentes e igualdad en las condiciones laborales de todo el profesorado para fortalecer los equipos educativos y la autonomía docente.

 5. 1. La formación inicial del profesorado. (↑subir )

Consideramos que las políticas educativas respecto al profesorado han de tener en cuenta la formación necesaria para acercarse lo más posible a los marcos profesionales y humanos que la sociedad actual demanda. También es necesario que tengan en cuenta el cambio de condiciones sociolaborales para poder dar la respuesta adecuada a las propuestas de las políticas educativas que aquí proponemos.

Desde esta perspectiva la formación inicial del profesorado de todos los niveles educativos, además de los conocimientos específicos deben incluir una sólida formación pedagógica y práctica que posibilite la atención diversificada a un alumnado cada vez más diverso en cuanto a origen familiar, social y cultural y en cuanto a capacidades e intereses. Una preparación que facilite la innovación educativa en los centros, que promocione el trabajo en equipo y que fomente una actitud positiva y creativa hacia las nuevas exigencias culturales y pedagógicas. Y una preparación que forme para la igualdad entre los sexos y para la atención a la diversidad sexual y, en general, para llevar a cabo todos y cada uno de los principios y los fines del sistema educativo.

El sistema de formación del profesorado en España es insatisfactorio. Los profesores y profesoras españoles declaran que la formación recibida es adecuada en cuanto a contenidos (así opina un 64,5% frente a un 72,5% de la media OCDE), pero la formación pedagógica y la práctica sólo satisface a alrededor de un 44% en ambos campos, en comparación con un 69% y un 67% en la OCDE). El que una buena parte del profesorado se vea a sí mismo -especialmente el de secundaria- más como licenciados y licenciadas que enseñan que como educadores es coherente con la valoración que han hecho de los tres componentes de la formación (contenidos, formación pedagógica y prácticas), sin descuidar las consecuencias que tiene la consideración de la educación como un asunto ético, lo cual debe constituirse en un referente para toda práctica educativa.

Los cambios introducidos por el llamado proceso de Bolonia no sólo no han resuelto los problemas que se venían arrastrando, sino que han provocado otros nuevos. No obstante, se reconoce el avance que supone haber prologando la formación de los maestros y maestras, así como el haber diseñado un máster para el profesorado de secundaria.

 Aun así vemos necesario, por un lado, reformar los programas de formación en coherencia con el carácter generalista del docente de Infantil y Primaria, buscando el equilibrio y la integración de los diferentes componentes curriculares: el conocimiento de la materia, el conocimiento didáctico específico del contenido y los conocimientos generales vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y todo ello en el contexto de experiencias prácticas ejemplares, donde cobren sentido y funcionalidad los componentes disciplinares de la formación.

En relación con los y las profesionales del primer ciclo de la Educación Infantil, es necesario que sean formados como docentes, considerados como tales, con derecho a poder tener una carrera docente y a llegar a formar parte del futuro estatuto docente, circunstancia que en estos momentos parece imposible por el marco de la Formación Profesional del que proceden Educadores y Educadoras.

Por otro lado, promover la creación de postgrados y grados de profesorado de Secundaria de diferentes áreas o ámbitos curriculares que cuenten con contenidos científicos, aquellos relacionados con la docencia y una formación práctica desde el principio de la formación y con experiencias innovadoras igual que en el caso de Primaria y de Infantil (0-6). Es necesaria una formación integradora en el Profesorado de Secundaria de los contenidos científicos y aquellos relacionados con la docencia.

Todo ello en una formación equivalente con grados y posgrados que garanticen un cuerpo único de profesorado.

En estos momentos el cambio, en lo que hace referencia a la duración de los títulos de grado, debe preocuparnos porque esas medidas pueden afectar de manera muy importante y negativa a la duración de las titulaciones del profesorado de Infantil, Primaria, y Secundaria, ya que se rebajaría esa formación, regresando al pasado, cuando nuestro profesorado tenía los niveles más bajos de formación de la UE. Se requiere que desde las más altas instancias de las universidades, los partidos, sindicatos, movimientos sociales, claustros… se apoye la toma de conciencia de la importancia de este tema para exigir que las titulaciones de profesorado se sometan a normas específicas, como ya se viene haciendo con otras titulaciones.

Este tema se agrava por el hecho de que se deja a las Universidades la potestad de adoptar el modelo curricular 3+2 ó 4+1. Una decisión sumamente preocupante, ya que queda desregulada una función del Estado sobre un tema al que le damos la máxima importancia, porque repercute en el derecho a recibir una educación de igual cualidad en todo el territorio. Las diferencias entre niveles de exigencia distintos a la salida en las titulaciones correspondientes, suponen desigualdad de oportunidades en el acceso a la función pública docente e introducen espacios para la arbitrariedad de las Administraciones, así como una previsible desigualdad entre las universidades públicas y privadas. No es la competencia entre centros lo que va a estimular el tomar decisiones “al alza” para mejorar la formación, sino que funcionará como un mecanismo para captar clientes operando a la baja y para vender más titulaciones por menos coste.

 Concreciones y propuestas.

• Creemos que son necesarias reformas para que el control de dicha formación sea llevada a cabo por instancias mixtas en las que participen la Universidad, la Administración y el profesorado.
• La Universidad y la Administración deben asegurar los mecanismos de control sobre la formación del profesorado para promover que los tres componentes (científico, docente y práctico), se articulen de forma proporcionada. Es importante conectar e institucionalizar la relación entre la universidad y el sistema educativo no universitario.
• Se deben revisar los programas de formación del profesorado, especialmente en lo que se refiere a las prácticas de enseñanza, cuya duración y contenidos son notoriamente insuficientes para capacitar a los titulados para impartir docencia en condiciones aceptables.
• Plantear una única titulación universitaria para toda la etapa de educación infantil. Resolver la situación de quienes actualmente están ejerciendo como profesorado de este ciclo y como profesionales en las escuelas con las habilitaciones y homologaciones que sean necesarias.
• Esta concepción debe ir ligada a políticas efectivas que mejoren el reconocimiento de la función docente en la sociedad, aspecto que debe contribuir a elevar el nivel de formación con el que los futuros docentes accedan a la profesión docente.
• Introducción e inducción a la práctica guiada durante uno o dos primeros años de docencia, con horario reducido tanto para los aspirantes como para el profesorado tutor.
• Formación práctica con tutores/as seleccionados en los centros de Educación Infantil 0-6, Primaria y Secundaria que apoyen e introduzcan al alumnado en esta formación en colaboración con el profesorado de la Universidad.
• Exigir la actualización del profesorado que imparte la formación inicial.

 5. 2. Selección, formación permanente y condiciones de trabajo. (↑subir )

La selección de profesorado es una decisión importante para la calidad del sistema y para el recorrido profesional de quienes concurren a ella. Se pueden pensar alternativas distintas al modelo que tenemos actualmente, ligándola más estrechamente a la formación inicial, centrándola más en la práctica, etc. Es necesario mejorar los procedimientos al uso, dándoles más rigor científico, con temarios actualizados, viendo al futuro profesor o profesora actuando en la práctica y valorando de manera relevante los componentes actitudinales imprescindibles en la educación.

La formación permanente del profesorado es una necesidad creciente y es reconocida como un derecho y un deber que se extiende a todas las funciones que pueden desempeñar los docentes. El profesorado en España recibe muchas menos ayudas para perfeccionarse en horario escolar (eso piensa un 29,5%, mientras que la media de los países de la OCDE es del 62,8%) .

Los países con mejor calidad de enseñanza facilitan abundante formación práctica a los recién llegados a la carrera docente y fomentan la formación permanente para todos desde el inicio. Pero no podemos olvidar que, últimamente, instituciones como los Centros del Profesorado han ido desapareciendo y hoy languidecen viejas y escasas ofertas formativas cuya aceptación se explica por el valor que tienen en la acumulación de méritos en los concursos del profesorado. El profesorado del sistema público tiene el deber de desarrollar su acción de acuerdo con los parámetros metodológicos que se consideran aceptables de los enfoques modernos asentados en las prácticas innovadoras e investigadoras y en los conocimientos sobre la profesión. Una parte de la formación debería ser obligatoria y desarrollarse dentro del horario lectivo del profesorado. En reciprocidad tienen los derechos: a) de recibir periódicamente formación teórico-práctica en el curso de su vida profesional en un sentido amplio, b) el derecho a la estabilidad en sus destinos, a fin evitar la excesiva movilidad y la imposibilidad de constituir equipos estables y coordinados en los centros, c) el reconocimiento del derecho a disponer de autonomía en el desarrollo de su profesionalidad. Hacer bien las funciones del profesorado no es ningún mérito, sino su obligación. Tener más dedicación, ejercerla en condiciones más difíciles, promocionar profesionalmente, participar en proyectos de innovación o de investigación, tener buenas evaluaciones, participar en la formación del profesorado, publicar, desarrollar funciones no docentes… son méritos que deben reconocérseles a quienes los posean.

El cambio para la mejora de la educación requiere un nuevo acuerdo con el profesorado, en el marco del Estatuto Básico de la Función Pública Docente, que promueva el reconocimiento profesional y social de la labor docente, que garantice un sistema de incentivos salariales y profesionales, y un modelo de promoción profesional que contribuya desde la práctica docente a un compromiso eficaz con la innovación y la mejora de la enseñanza. Debemos avanzar en un nuevo concepto de carrera profesional docente basado en el estímulo y el reconocimiento de los méritos acreditados.

 Concreciones y propuestas.

• Seleccionar a los candidatos y candidatas a la profesión docente con pruebas rigurosas que incluyan conocimientos profesionales y una evaluación de la inmersión a la práctica guiada por tutores seleccionados.
• Reconocer en las bolsas de contratación y en las oposiciones el tiempo trabajado y valorado positivamente como uno de los factores fundamentales para el acceso a la profesión docente. Esto irá acompañado de actuaciones de control que permitan conocer su competencia profesional docente.
• Reducir al mínimo imprescindible la interinidad del profesorado como sistema de provisión de puestos docentes.
• Integración progresiva en un cuerpo profesional único con especialidades internas.
• Definir criterios mínimos de cualidad del profesorado, reglamentar lo que es obligado y lo que es un mérito a destacar y diseñar una escala de orden horizontal y otra vertical para la carrera docente.
• Se debería potenciar y reconocer la actividad investigadora e innovadora del profesorado (más facilidades para la constitución de grupos de trabajo, proyectos de investigación e innovación educativa, potenciación de redes profesionales y de comunidades de aprendizaje y educación) y de los centros comprometidos en su proyecto docente (Formación en Centros, Planes de Autoevaluación y mejora…).
• Necesitamos abrir vías de comunicación entre los y las docentes que trabajan en el sistema educativo. Crear redes virtuales y presenciales de profesorado en las que se sirvan de la experiencia. Reconsiderar la importancia de disponer de instituciones como los Centros de profesorado u otras fórmulas que estabilicen el desarrollo profesional docente y los programas de perfeccionamiento.
• Incluir programas sobre igualdad entre hombres y mujeres en la formación inicial y permanente del profesorado, así como materias específicas sobre educación en derechos humanos y de la tierra.