El texto del proyecto de LOMCE aprobado por el Consejo de Ministros.
Constitución de la plataforma progresista “Por otra política educativa”
El 14 de marzo de 2013 el Foro de Sevilla convocó a partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales a dos mesas redondas con el objeto de analizar la política educativa que el Gobierno del Partido Popular propone en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad del Sistema Educativo (LOMCE). Esta convocatoria pretende ser una llamada para constituir una plataforma progresista con capacidad de presentar y avanzar propuestas hacia una política educativa sustentada en los principios de democracia, justicia social e igualdad.
Las fuerzas de izquierdas y los agentes educativos debemos vertebrar acuerdos y compartir iniciativas que se opongan a la LOMCE, con el compromiso hacia una política educativa que capacite a todas las personas en igualdad de condiciones. La realización de esta finalidad en una sociedad con importantes desigualdades exige compensar a quienes tienen más necesidades y rechazar las políticas que sustenten y favorezcan a quienes sean privilegiados.
Las mesas redondas se desarrollaron en torno a dos temas:
1.- Análisis de la situación educativa actual en España en el marco de la crisis económica y las propuestas de reforma. Señalar las líneas rojas que no pueden sobrepasarse en una política para una educación justa, moderna y democrática.
El proyecto de LOMCE es una reforma que se ya se está experimentando en las Comunidades gobernadas por el PP y cuyos resultados están mostrando el descenso en los últimos años del nivel educativo del alumnado de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, la región donde más ha retrocedido la escuela pública y dónde han caído de forma notoria los indicadores de calidad del sistema público: de escolarización; rendimiento académico del alumnado; la inversión, la supresión de las políticas socioeducativas (comedores, becas, transporte, apoyos escolares, servicio de biblioteca, etc.).
Los recortes realizados son una muestra más de las propuestas que van en contra de la calidad y de la valoración del profesorado. Los y las docentes han visto reducido sustancialmente sus salarios y sus derechos sociolaborales; ha aumentado su jornada de trabajo con más alumnos/as por aula y menos recursos humanos y materiales para el apoyo del trabajo cotidiano. En muchas Comunidades se han suprimido los Centros de Formación del Profesorado, obstaculizando, cuando no impidiendo, su formación continua que pasa a depender de su capacidad adquisitiva.
Se promueve la privatización, con un retroceso de la presencia del Estado y la entrada de empresas sociales acompañadas de la presión de los lobbies que ven en la educación y otros servicios sociales la oportunidad de un gran negocio. Es un avance del capitalismo sobre el estado de bienestar que ya está funcionando en países como Estados Unidos, Suecia o Reino Unido.
Aunque el proyecto de ley vaya por su tercera versión, los cambios son pocos, no muy importantes y en algunos casos ficticios. Hay un cambio de apariencia en el preámbulo, en el que se usa un lenguaje confuso que no se corresponde con las formulaciones normativas. En el articulado solo hay un cambio positivo hacia la continuidad de la Formación Profesional Básica y un retroceso de calado, de un fuerte carácter ideológico, al incluir la religión como una asignatura evaluable, eliminar la asignatura de Educación para la ciudadanía e incluir la libertad de creación de centros.
La LOMCE impone un cambio del modelo social de educación personalizado e inclusivo, para todo el alumnado en igualdad de condiciones, promoviendo, por el contrario, la excelencia, la exclusión y la segregación. Para ello utilizan los recortes que significan menos oportunidades para los que tienen más dificultades y la creación de itinerarios para segregar.
Se promueve una cultura escolar que responde a los intereses del mercado suprimiendo asignaturas y materias básicas para la formación integral de las personas y distinguiendo la educación entre la vía académica de la aplicada, lo que nos devuelve a la formación profesional devaluada en su estatus y en sus contenidos, subordinándolos a los de la vía profesional. Hay un retorno a la pedagogía tradicional más rancia, más centralizada, con evaluaciones externas que marcan lo que hay que enseñar y un aumento del porcentaje de contenidos impuestos y la ausencia de políticas de formación del profesorado. No sirven las buenas prácticas y experiencias innovadoras de otras países en lo que hace referencia a la autonomía pedagógica y flexibilización del currículum.
Además la elección de los centros, mediada por los ranking establecidos por las evaluaciones externas y las posibilidades de especialización significará una competencia entre los centros y la creación de centros de distintas categorías, cuando cabe esperar en buena lógica la cooperación entre ellos.
Debe defenderse una educación laica que promueva la libertad de conciencia y elimine del currículum toda doctrina que limite el desarrollo de la autonomía y forme a ciudadanos y ciudadanas con la capacidad de elegir.
La futura LOMCE será una ley retrógrada que ahondará en el fracaso escolar. Sus señas de identidad más significativas son la segregación desde edad temprana, con la consecuente segregación social en el centro y entre centros; aumento de las pruebas de selección; eleva la catequesis de religión católica a estatus de asignatura evaluable y computable a efectos de cálculo de nota media; organiza los itinerarios en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) con una notable reducción de docentes y recursos materiales, con un currículo restringido y una metodología rígida. Unos itinerarios marcados por la condición social de los alumnos y alumnas; crea una Formación Profesional Básica (otro itinerario más) que será la puerta de salida a la calle para muchos jóvenes. Favorece la enseñanza privada, blinda los conciertos y equipara la libertad de elección a la libertad de selección y da cobertura legal a los centros que discriminan al alumnado por razón del sexo. Expulsa a las familias de la organización escolar, relegándolas a simples espectadores. Se produce una quiebra del sistema educativo desde la perspectiva territorial. Convierte el derecho a la educación en un beneficio, que se puede tener o no. La LOMCE tiene elementos inconstitucionales e incumple leyes como la de Igualdad.
2.- Desde la posición institucional y la visión de la educación de cada uno y cada una, reflexionar y proponer los puntos mínimos y prioritarios para un proyecto que nos embarque a las fuerzas progresistas en una misma dirección.
El éxito escolar de todos/as los/as estudiantes debe estar en el centro de las prioridades del sistema educativo, su atención personalizada, su inclusión, su éxito y la lucha contra el fracaso escolar. Para ello es necesaria la flexibilidad del currículum, la mejora cultural como objetivo común y la lucha porque ningún alumno o alumna se queden atrás. Es de vital importancia potenciar la participación de la sociedad. Invertir en mejorar y ampliar las infraestructuras y servicios educativos. Mejorar y ampliar las políticas socioeducativas destinadas a los estudiantes de familias desfavorecidas. Integrar las TIC en el sistema educativo. Eliminar la catequesis de religión católica del currículo. Dar un enfoque acertado al bilingüismo.
Volver a una escuela democrática, donde se trabaje desde los centros con la participación de la comunidad escolar y autonomía pedagógica. Devolver la confianza al profesorado y valorar la enseñanza. Los directores no pueden ser seleccionados por la Administración y no deben tener la posibilidad de seleccionar al profesorado. La micropolítica de los centros, las buenas prácticas y la acción de la comunidad educativa es la que mejora la calidad de la educación. Para ello la Administración debe proporcionar los recursos materiales y humanos necesarios y contar con el apoyo de toda la sociedad.
No es posible un pacto educativo con el gobierno del PP porque hay principios que son contrarios ideológicamente a una escuela pública, compensadora y laica. En los pactos llevados a cabo hasta ahora sólo se han hecho cesiones por parte de las políticas de izquierda. en cuanto a la privatización, frente al derecho a la educación, la religión y la segregación
La escuela pública no debe tener carácter subsidiario con respecto a la concertada, hay que estudiar mecanismos de integración en la red pública y establecer sistemas de escolarización que impidan la selección del alumnado en centros concertados. Es inaceptable la concesión a la segregación por sexos para complacer ideologías retrógradas. También hay que establecer mapas de escolarización que no clasifiquen al alumnado por zonas escolares de diferente categoría.
La formación inicial del profesorado merece una especial atención. Destacando la necesidad de mejorar sustancialmente la formación inicial y continua de los docentes. Mejorar sus condiciones laborales y salariales. Mejorar y ampliar su derecho a la formación continua. Los docentes reciben elogios, y la cursilería de los discursos que exaltan su “abnegado”, trabajo se viste con leyes y normativas sobre la “autoridad del profesorado”, de contenido represor, que son un insulto contra las personas que desarrollan su trabajo con esfuerzo, que realizan prácticas de innovación en una actividad tan compleja como es la educación.
Es muy importante la unidad de la comunidad educativa de izquierda contra el borrador de la LOMCE. Hay que unificar criterios sobre qué es y cómo se defiende la escuela pública. Se necesita un pacto social por la escuela pública. Un compromiso social y político de la izquierda por la escuela pública, inclusiva, laica, universal, gratuita y participativa. Una escuela de todos/as y para todos/as. Necesitamos trabajar en todo aquello que nos une (unidad de acción) y plasmarlo en una campaña unitaria, que reivindique, en positivo, la escuela pública para que no se vuelva a cerrar un aula. Hay que promover campañas estatales reivindicando lo público como elemento de calidad y garantía de igualdad de oportunidades y de equidad. Tenemos el ineludible compromiso de reflexionar sobre todo aquello que NO hemos hecho para mejorar la imagen de la escuela pública. Hay que reflexionar sobre la importancia que tiene la difusión de la innovación de las buenas prácticas.
Esta en juego el desmantelamiento de la escuela pública y la caída de los indicadores de escolarización en toda España. La LOMCE es un proyecto contrario a una sociedad en la que se profundice el sentido de la democracia, pensada más para la desvertebración social, que entiende la educación como un camino hacia la exclusión. Con la LOMCE la educación deja de ser un factor de movilidad social y de progreso.
El Foro de Sevilla convoca a dos mesas de análisis…
Plataforma progresista: Por otra política educativa.
El Foro de Sevilla convoca a dos mesas de análisis en torno a la política educativa que el Gobierno del Partido Popular propone en la Ley Orgánica de Mejora del Sistema Educativo. Los debates se desarrollarán en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, calle Lópe de Vega 38 (junto al Paseo del Prado) el día 14 de marzo de 2013 entre las 17.30 y las 21.00 horas.
Esta convocatoria es una llamada a los agentes y fuerzas sociales que consideramos pueden consensuar el mínimo común de una política progresista para nuestro país. Política que aborde los déficit de nuestro sistema educativo. Que sea válida y justa para la sociedad del conocimiento que no puede ser otra que la sociedad bien y universalmente educada. Ese proyecto de política tendrá continuidad si parte de un mínimo común consensuado que tendría que arrancar, a su vez, de un diagnóstico compartido de la situación actual.
Desde el Foro de Sevilla, pensamos (véase Por otra política educativa), que nuestra función es aportar información y realizar análisis, elementos esenciales para ese diagnóstico que sea el punto de partida de una política alternativa de progreso.
Desarrollo de la jornada:
17.30 a 19.00. Mesa redonda: “El sistema educativo español ante la crisis económica y la propuesta de reforma del PP. Análisis y alternativas”.
Ana González
Consejera de Educación de Asturias y militante del PSOE.
Enrique Javier Díez Gutiérrez
Coordinador del Área de educación de Izquierda Unida y militante de Izquierda Unida.
Jaume Carbonell Sebarroja
Ex director de Cuadernos de Pedagogía y activista de la Renovación pedagógica.
José Gimeno Sacristán
Catedrático de la Universidad de Valencia y coordinador del Foro de Sevilla.
Coordina y modera: Carmen Rodríguez Martínez
Profesora Titular de la Universidad de Málaga y coordinadora del Foro de Sevilla.
19.00 a 20.30. Mesa redonda. “Necesidades y prioridades del sistema educativo español. Por un proyecto común de educación, universal, justa y democrática”.
Francisco J. García Suárez
Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO
Carlos López Cortiña
Secretario General de FETE-UGT
Augusto Serrano
Portavoz del Sindicato STES-i
Jesús Sánchez
Presidente de CEAPA
Piedad Sánchez
Docente. IES Isaac Newton. Madrid. Comisión de Acciones Marea Verde.
Coordina y modera: Pedro Badía Alcalá. Secretario de Comunicación, Información y Cultura de la FECCOO.
Puntos a tratar en las mesas redondas:
1.- Análisis de la situación educativa actual en España con la crisis económica y las propuestas de reforma. Señalar las líneas rojas que no pueden sobrepasarse en una política para una educación justa, moderna y democrática.
2.- Desde la posición institucional y la visión de la educación de cada uno y cada una, reflexionar y proponer los puntos mínimos y prioritarios para un proyecto que nos embarque a las fuerzas progresistas en una misma dirección.
CONVOCATORIA:
Día: 14 de marzo de 2013.
Hora: 17.30
Lugar: Auditorio Marcelino Camacho. Calle Lope de Vega, 38. Madrid (junto Paseo del Prado)
Convoca: Foro de Sevilla.
Organiza: FECCOO.
Participan y colaboran: FETE-UGT. STES. CEAPA. PSOE. IU.
Por otra política educativa
Un grupo de profesionales de la educación, la mayoría profesores y profesoras de universidad, reunidos en Sevilla los días 26 y 27 de octubre de 2012, preocupados por la situación del sistema educativo y alarmados por la evolución de la política educativa, con objeto de animar el debate y de generar un compromiso con la mejora declaramos:
- EDUCACIÓN. En contra del sesgo economicista del anteproyecto de LOMCE, el objetivo de la educación comprende el desarrollo humano y la cohesión social. Mujeres y hombres deben poder formarse como personas completas, ciudadanos responsables y trabajadores cualificados. La sociedad precisa de la escuela para asegurar niveles adecuados de bienestar, libertad, justicia y equidad.
- DEBATE. Necesitamos un auténtico debate nacional que permita la reconstrucción, en su caso la refundación, del sistema educativo sobre la base de un amplio acuerdo social y no, tras la negativa a un pacto de Estado, una ley revanchista e ideológica, sin diálogo con la oposición ni con el mundo de la educación, apenas maquillada con un nada fiable foro virtual.
- ESCUELA PÚBLICA. La escuela es la columna vertebral de la ciudadanía. Nuestra peculiar historia nos ha legado un sistema dual, y el gobierno emite alarmantes señales de desdén por la escuela pública y apoyo a la enseñanza privada y confesional. El deber de las administraciones es articular un sistema público de educación igualitario y efectivo con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el privado.
- CALIDAD. No existe un consenso sobre la noción de calidad educativa. Se está imponiendo una visión restringida a las calificaciones obtenidas en exámenes y pruebas, internas y externas, de papel y lápiz, basadas en una concepción factual y declarativa del conocimiento que empobrece el sentido del aprendizaje y la educación. Los resultados escolares entendidos así no son un indicador sostenible de la calidad educativa.
- FRACASO. El fracaso no es anónimo; tiene nombre, historia y cultura. No se produce súbitamente. Es el resultado de un proceso que se puede identificar y prever. Tiene que ver con el tipo de contenido, descontextualizado y sin sentido, que se enseña y evalúa y con un proceso de enseñanza y aprendizaje que no facilita ni promueve que el alumnado establezca conexiones y elabore sus propios significados y conocimientos.
- SOLIDARIDAD. La respuesta al elevado fracaso escolar, y el subsiguiente abandono, no debe ser naturalizarlo sino, por el contrario, concentrar medios diferenciales y adicionales sobre grupos e individuos en riesgo, es decir, perseguir los objetivos comunes con medios cuantitativamente superiores y cualitativamente más adecuados. Por contra, la ley acepta ese fracaso como inevitable y el gobierno elimina los programas de educación compensatoria y atención a la diversidad, abandonando a su suerte a los alumnos más vulnerables.
- REPETICIÓN. Lejos de abordar el problema de la repetición de curso, que España encabeza en Europa de forma exagerada, se ha mostrado indiscutiblemente ineficaz, resulta económicamente costosa e ineficiente y constituye una de las principales causas endógenas del fracaso escolar, el gobierno parece querer ampliarla, sistematizarla y convertirla en el determinante de la segregación temprana.
- ITINERARIOS. Se adelanta la edad en la que se crean itinerarios de hecho irreversibles. Se pretende segregar al alumnado desde 3º de ESO, a los catorce años, reduciendo en dos el tronco común, y convertir la primera orientación hacia la formación profesional en una vía muerta, repitiendo así el error de la LOGSE, y se añaden mecanismos que amenazan con adelantar la segregación al segundo curso. La mayoría de países cuya comprensividad llega a los dieciséis obtienen mejores resultados que los que segregan a edades más tempranas. La segregación del alumnado con peores resultados se traduce en una enseñanza de calidad inferior por efecto de una profecía autocumplida.
- EVALUACIÓN. En la educación obligatoria la evaluación debe tener un claro propósito formativo, de conocimiento y apoyo a los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Una evaluación excluyente, sancionadora y de control –como plantea el anteproyecto-, basada en pruebas frecuentes y estandarizadas, es contraria a su sentido educativo y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión. La evaluación del sistema requiere una revisión a fondo para garantizar que la sociedad y la comunidad escolar dispongan de información relevante, a través de procesos transparentes y democráticos.
- RECURSOS. Sin entrar en sus causas, sabemos que los efectos individuales y colectivos de la crisis se concentran en las personas y países con menor nivel de formación. Sabemos que la economía que resurja de ella y los nuevos empleos no serán los mismos, sino que requerirán una fuerza de trabajo más cualificada. Por ello es esencial, precisamente en tiempos de crisis, un esfuerzo cuantitativo y cualitativo en educación.
- AJUSTES. Conscientes de que es más necesario que nunca mejorar la eficacia y la eficiencia en el empleo de los recursos, entendemos que hay margen para mejorar el trabajo de los educadores. Hoy es más importante el esfuerzo de todos, incluida la colaboración entre las administraciones y el profesorado, con más y mejor aportación presupuestaria y profesional, así como una reorganización flexible de los centros. Pero no se puede confundir una política de racionalización y modernización con una de recortes indiscriminados.
- SERVICIOS. Los gobiernos central y autonómicos están recortando partidas que consideran no esenciales: comedores, rutas, libros de texto, actividades extraescolares o la jornada escolar misma. Sin embargo, en medio de esta crisis y sabiendo cómo afectan al desempeño escolar las condiciones de vida, la opción debe ser la opuesta: asegurar la gratuidad de transporte, comedor y material escolar, así como evitar la intensificación de la jornada escolar y propiciar un horario de apertura más amplio.
- CIUDADANÍA. La ciudadanía requiere acceder a conocimientos y desarrollar actitudes acordes con el carácter liberal, democrático y social de nuestro Estado de derecho. Es decir, que propicien el respeto a la ley y las normas de convivencia, la aceptación de otras opciones y formas de vida admitidas por la Constitución y las leyes, un compromiso participativo con la democracia, y la cohesión y la solidaridad sociales. Esto exige un consenso sobre ideas y valores compartidos y tolerancia activa hacia otros no compartidos.
- SEGREGACIÓN. La LOMCE avala la segregación por sexos en centros concertados, hoy fundamentalmente centros promovidos por organizaciones ultraconservadoras. La escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género.
- CCAA. Leyes y políticas deben respetar el ámbito competencial de las comunidades autónomas, en vez de utilizarse como instrumentos de centralización, uniformización y control burocrático. Esto no es óbice para reclamar transparencia, movilidad, coordinación y coherencia en todo el ámbito del estado.
- AUTONOMÍA. Es necesario responder a las necesidades de la comunidad con autonomía curricular, organizativa y de recursos. La autonomía no debe dirigirse a la rivalidad entre centros, sino al aprovechamiento diferencial de los recursos. Requiere un proceso de responsabilización social, lo opuesto a la merma de la participación que supondría la conversión de los consejos escolares en meros órganos consultivos.
- TRANSPARENCIA. El sistema resulta en muchos aspectos opaco para los profesionales, la comunidad escolar y la sociedad. Se precisa potenciar al máximo la transparencia, permitiendo el acceso a la información sin otra restricción que el respeto a la propia imagen y la intimidad. Hay que desarrollar indicadores fiables del desempeño docente, el funcionamiento de los centros, la implementación de proyectos, los resultados de programas y políticas y el estado general del sistema, pero sin distorsionar con ellos los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- PARTICIPACIÓN. La participación es un derecho de las personas y un principio constitucional. Debe reforzarse como forma de pertenencia, motivación, concienciación, formación y corresponsabilidad social. Resulta imprescindible potenciar la libertad de pensamiento y de expresión del alumnado, así como su autoorganización y participación en la vida del centro. La participación exige poder de decisión. lo opuesto al control autoritario. Nos preocupan signos evidentes de empobrecerla y recortarla presentes en el texto de la LOMCE.
- DIRECCIÓN. Se ha de acentuar el carácter pedagógico de la dirección (coordinación, innovación…) frente a la visión gerencial del anteproyecto. La dirección ha de garantizar el ejercicio de deberes y derechos de la comunidad y la elaboración, desarrollo y evaluación del proyecto educativo de centro, y no debe ser un mero representante de la Administración o del claustro docente. Un liderazgo compartido es más coherente con el carácter de la escuela.
- PROFESORADO. El sistema educativo se funda en la confianza en el docente y su capacidad profesional. Por ello merece apoyo y reconocimiento en el ejercicio de su función, más en momentos de cambio social e incertidumbre. Debe tener un compromiso claro con sus alumnos, su centro y la educación misma, y una actitud cooperativa con las familias y la comunidad. Las actuales condiciones y propuestas legislativas derivan competencias a otros agentes, expropiando aspectos centrales de su labor. Es fundamental mejorar formación, selección, desarrollo profesional y evaluación.
Esperamos que esta declaración contribuya a impulsar la reflexión y el diálogo así como un compromiso generador de esperanza y de optimismo. Nada puede ser peor que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada.
Sevilla, a 27 de octubre de 2012
